Juez dictó prisión preventiva para el gerente de Etapa

Cuenca (Azuay).- El juez de Garantías Penales de Cuenca, José Peralta, dicto orden de prisión preventiva y la prohibición de salida del país para Iván P. gerente de la empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ETAPA), por el presunto delito de tráfico de influencias.

Este lunes 12 de junio se realizó la audiencia de formulación de cargos en contra de cinco personas involucradas en este caso. Los implicados habrían incurrido en adjudicaciones dolosas de contratos por más de 10 millones de dólares, de acuerdo con el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). Para los otros procesados el juez ordenó medidas alternativas como la presentación periódica ante la Fiscalía, la prohibición de salida del país y de enajenar bienes.

El fiscal provincial del Azuay, Adrián Rojas, explicó que tras la denuncia presentada por el Sercop, se encontraron los elementos necesarios y suficientes para dar inicio a la etapa de instrucción fiscal. “El señor fiscal entre los varios elementos de convicción que tenía son: versiones, allanamientos, documentos varios y sobre todo una pericia precontractual realizada al contrato de Tixán (ampliación de la planta potabilizadora de agua)” dijo Rojas.

Informó que durante la audiencia se conoció de la salida del país de Iván P. por lo que el juez ordenó la prisión preventiva. “Según entiendo él ya se encuentra privado de la libertad”, acotó.

“Otro golpe contundente en contra de la corrupción, una persona en prisión y 4 más con prohibición de salir del país y enajenar bienes” anunció el director del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), Santiago Vásquez, luego de la audiencia de formulación de cargos.

Además el Sercop reveló que en una acción coordinada con el ministerio del Interior, se evitó la salida de Iván P. con destino a Miami (Estados Unidos), pues se llegó a conocer que el acusado tenía planes de partir, vía aérea, desde la ciudad de Guayaquil.

Iván P. permanecerá privado de su libertad durante los siguientes 90 días mientras se realizan las investigaciones pertinentes, se informó.

Vásquez aseguró que la institución rectora de la compra pública en el Ecuador ha coordinado las acciones pertinentes con la Fiscalía y el ministerio del Interior dentro de esta investigación, en la que se han presentado las pruebas pertinentes. Recordó que los actos denunciados violaron los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, mismos que prohíben a los funcionarios públicos la adjudicación de contratos a familiares.

De acuerdo con las investigaciones se determinó que, en Etapa, “la autoridad subrogaba su cargo para no aparecer como familiar directo de quienes iban a ser contratados”, dijo Vásquez, quien a su vez destacó la activa participación ciudadana que ha permitido conocer de estas irregularidades. “En el caso de Etapa son los proveedores honestos los que nos alertaron y presentaron la denuncia”, indicó. KML- DVL/El Ciudadano