ESPAÑA:27/06/2017. Catalá resalta la importancia de la seguridad jurídica en el progreso económico e insta a continuar las reformas

En este sentido, el titular de Justicia se ha mostrado convencido de la importancia que tiene para nuestra economía el ordenamiento jurídico y el funcionamiento de la Administración de Justicia y su potencial para atraer inversión y estimular el emprendimiento y la actividad, a la vez que ha recordado los riesgos inherentes a la inestabilidad e inseguridad sufrida en España en los últimos años a consecuencia de la crisis más dura sufrida en generaciones.

Catalá ha resaltado los efectos del Programa Nacional de Reformas que incluyó más de 240 leyes en diversos ámbitos y ha conseguido devolvernos a la senda de la recuperación y crecimiento que en la actualidad nos ha convertido en una de las economías más atractivas y dinámicas del mundo, recuperando nuestra credibilidad y fiabilidad ante la inversión, principal fuente de creación de empleo.

Por eso, el ministro de Justicia considera que detener el proceso de reformas emprendidas sería una temeridad y ha invocado la necesidad de seguir incidiendo en ellas bajo dos premisas primordiales como son la defensa y protección del Estado de Derecho y la reforma necesaria e inaplazable de la Justicia.

Rafael Catalá ha recalcado la necesidad de afrontar esta reforma de forma prioritaria, alcanzando el mayor grado de consenso político tanto en el ámbito político como en el institucional, profesional y social. Así, ha señalado la necesidad de que esas reformas se centren en las demandas que presenta el propio sector de la Justicia, la sociedad y la actividad económica.

Dentro de las demandas del sector, Catalá ha destacado la necesidad de dotar a la Justicia de más recursos. En esa línea caminan los esfuerzos presupuestarios que han permitido el incremento del 7,7% de las cuentas del Ministerio de Justicia durante el presente año. Lo que permitirá crear 100 nuevas plazas de jueces y fiscales, un incremento del 86% en las inversiones para mejorar infraestructuras, así como la modernización tecnológica y renovación de equipamientos, al tiempo que se duplicarán los créditos para la transformación digital de la Justicia con 129 millones de euros.

Para atender a las demandas de una Justicia más ágil y reducir la litigiosidad, se apuesta por una resolución alternativa de conflictos mediante el arbitraje, la mediación o la jurisdicción voluntaria. Asimismo, el ministro ha señalado la necesidad de reformar los procesos en el ámbito civil y penal con una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que otorgue la dirección de la investigación a la Fiscalía, con la tutela de los derechos fundamentales por parte de un juez de garantías.

Con la vista puesta en la eficiencia, Catalá considera necesario afrontar reformas organizativas que supongan un reequilibrio de cargas de trabajo con el refuerzo e implantación de la Oficina Judicial y Fiscal y la apuesta por la especialización, como ya se ha puesto en práctica en relación con las demandas por cláusulas suelo y se hará en el ámbito de la Fiscalía en cuestiones referentes a propiedad intelectual o discapacidad.

En cuanto a las demandas planteadas por la sociedad, Catalá ha incidido en el refuerzo de la lucha implacable contra la corrupción, regulando los lobbies, protegiendo mejor al denunciante y apoyando la labor de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), a la vez que se impulsa una Justicia abierta y transparente con instituciones que transmitan confianza plena a la sociedad y medidas como la limitación de aforamientos o la prohibición por ley del indulto a condenados por corrupción.

Igualmente, el ministro considera necesario mejorar la percepción de la independencia judicial adoptando un nuevo modelo de elección de los vocales del CGPJ, eliminando la designación de magistrados de los tribunales superiores de Justicia por parte de los parlamentos autonómicos y regulando el tránsito profesional entre Justicia y política. A todo ello habría que sumar, ha dicho Rafael Catalá, la transformación tecnológica de la Administración de Justicia, ampliando los efectos de la Justicia y la Fiscalía Digital y articulando un sistema de gestión procesal común para toda España.

En materia económica, el ministro de Justicia ha resaltado la importancia de mejorar la actual regulación hipotecaria en la que estamos obligados a incorporar la directiva europea para reforzar las garantías al consumidor. En este sentido, el Anteproyecto de Ley de Crédito Inmobiliario aprobado por el Gobierno en el pasado mes de febrero, ya propone medidas adicionales claramente favorables para los consumidores.

Catalá también considera necesario revisar el derecho español de obligaciones y contratos para adaptarlo a una nueva realidad socioeconómica. Para ello, habrá que analizar el tratamiento de las acciones ante el incumplimiento de contratos, sistematizar la regulación de la figura de la representación contractual, suplir la ausencia de una regulación de fases contractuales y modernizar los contratos típicos como compraventa, contrato de servicio, obras o préstamos para evitar prácticas como la usura.

De la misma forma, el ministro se ha referido a la necesidad de un nuevo Código de Comercio adaptado a nuestro siglo que regule figuras como la fianza o aval, el contrato de cuenta corriente o en el ámbito publicitario, el contrato de patrocinio, reclamo comercial (merchandising) o permuta publicitaria (bartering). Además, sería necesario, ha apuntado, contar con un nuevo texto refundido de Ley Concursal que ofreciera un marco normativo claro e inteligible para las empresas afectadas por insolvencia.