Para la víctima, el olvido no es una opción y tampoco para el país, Presidente Moreno
Moreno, visiblemente conmovido por las realidades vividas por los afectados y sus familias, manifestó: “A nombre del Estado ecuatoriano, les pido perdón por el daño y el dolor que sufrieron en manos de gobiernos autoritarios y de supuestas ‘democracias’, en las que el terror estaba institucionalizado” y demandó celeridad en los procesos a los organismos encargados de las investigaciones de los casos, por considerarse prioritarios para el Gobierno Nacional.
“Pido a la fiscalía que proceda inmediatamente con las audiencias y que los demás procesos se hagan con rapidez. ¡Estos temas son de atención prioritaria!”, aseveró Moreno. “Debemos sancionar hechos como estos. Su recuerdo sirve para que no se cometan de nuevo estas aberraciones, para que no impere la impunidad”.
Los casos tratados corresponden a los expedientes documentados por la Comisión de la Verdad sobre graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad ocurridos entre 1984 y 2008. Veinte y tres de los acuerdos corresponden al desalojo violento de sus lugares de trabajo a varios mineros artesanales de la “Cooperativa 10 de Enero”, en Pasaje, provincia de El Oro, quienes fueron objeto de detenciones ilegales, tortura, violencia sexual, atentados contra la vida y ejecución extrajudicial.
El caso restante se refiere a la tortura, por parte de agentes de la Policía Nacional, a militantes del grupo Alfaro Vive Carajo, ocurrido en Quito.
Moreno dio a conocer que “actualmente existen 12 casos en la justicia, cuatro de los cuales han sido resueltos y ocho están a la espera de fecha para la audiencia de juicio”, pero que aún faltan 114 casos por resolver, que de momento están en la fase de investigación previa.
La Constitución del Ecuador, instrumentos internacionales y la normativa legal vigente determinan que el Gobierno Nacional está en la obligación de reparar a las víctimas y sus familiares. Las reparaciones se realizan en dos vías: al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, a cargo del proceso material; mientras que la Defensoría del Pueblo lleva adelante la reparación inmaterial.
