Publicado el: 10 de febrero de 2018 :: 12:56 am

La respuesta del gobierno ante la violencia en El Salvador no debe agravarla, advierte experta en derechos humanos

La respuesta del gobierno ante la violencia en El Salvador no debe agravarla, advierte experta en derechos humanos

Una mujer salvadoreña que huyó de laviolencia en su país transita por México en su ruta hacia Estados Unidos. ACNUR/ Markel Redondo

06 de febrero, 2018 — Tras una visita al país centroamericano, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales destacó la extraordinaria complejidad de la violencia en El Salvador, especialmente por parte de las pandillas, y la necesidad de afrontarla sin que “la cura sea tan mala como la denuncia”.

Agnes Callamard subrayó hoy los complicados y duraderos problemas de seguridad en El Salvador, un país con una de las tasas más altas de asesinatos a nivel mundial, la mayoría atribuidos a bandas.

“Durante mi visita, conocí a padres y madres que han perdido sus hijos por la violencia; mujeres jovenes que han sido repetidamente sometidas a la violencia sexual, hombres jóvenes traumatizados por la experiencia de violencia vivida, abuelos que viven con el temor constante del día en que sus nietos serán reclutados por la fuerza para la violencia”, explicó la relatora en su declaración final.

Callamard señaló que los asesinatos parecen responder a una estrategia premeditada por parte de las pandillas con las que consolidan su control territorial y poder.

Por ese motivo y después de la visita de 12 días, Agnes Callamard, manifestó en una declaración que “el Salvador debe tomar urgentemente medidas más efectivas para prevenir la privación arbitraria de la vida y poner fin al círculo vicioso de impunidad que hace posible estos crímenes”.

La respuesta del gobierno ante la violencia no debe agravar la situación, reflexionó la relatora.

“No importa lo complejo que sea el contexto, o lo difícil que sea movilizar recursos públicos, la respuesta del Gobierno a esta violencia endémica no debe agravarla. La cura no puede ser tan mala como la denuncia. Lamentablemente, encontré un patrón de comportamiento entre el personal de seguridad, que podría considerarse como ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza”, destacó.

Esta situación solo sirve para empeorar la frágil respuesta de las instituciones públicas al crear una “impunidad endémica” que solo sirve para prolongar la violencia.

“Las personas de las comunidades más empobrecidas me hablaron de su miedo y la falta de confianza en los funcionarios de seguridad. Muchos comentaban que sienten estar en una guerra por parte de las fuerzas de seguridad contra los jóvenes y los pobres, con la policía y los funcionarios públicos tratando a toda la juventud como si fueran pandilleros simplemente por el mero hecho del lugar en el que viven”, indicó.

Entre los aspectos positivos de su visita, felicitó al gobierno por una serie de iniciativas como el “Plan El Salvador Seguro”, “Yo Cambio” y “Jóvenes con todo,” que implican la adopción de una serie de estrategias preventivas y de rehabilitación, y la derrota de las estrategias de “mano dura”.

Migrantes afectados por la violencia

Callamard señaló que muchas de las personas que abandonaron el país por la violencia tuvieron que enfrentarse a ella nuevamente y con mayor intensidad durante su periplo.

Aunque los crímenes contra estas personas ocurran fuera de El Salvador, destacó que el Estado es responsable de proteger los derechos de sus poblaciones migrantes.,.

En este sentido aplaudió la existencia en el país de un banco de datos forense para migrantes desaparecidos, mientras que instó al gobierno de los Estados Unidos a extender el estatus de protección temporal para los ciudadanos de El Salvador.

Migrantes afectados por la violencia

La experta calificó como “ambicioso” la adopción de un marco jurídico implementado para investigar y prevenir los homicidios por motivos de género incluyendo crímenes de odio y feminicidio.

También destacó positivamente los cuatro supuestos recogidos en la propuesta de reforma legislativa que servirán como excepción a la prohibición del aborto, y pidió su despenalización.

La relatora presentará un informe con sus recomendaciones finales el próximo mes de junio ante el Consejo de Derechos Humanos.



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