Santo Domingo, República Dominicana.- Las instituciones que integran el Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas presentaron los resultados alcanzados en áreas prioritarias para el país, entre ellas la atención de emergencias, el análisis de datos sobre violencia, la ampliación territorial de los servicios, la protección social y el fortalecimiento del marco legal. Durante su reunión ordinaria, encabezada por la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, el Gabinete revisó acciones en curso con el objetivo de coordinar capacidades en una agenda común orientada a mejorar las respuestas para mujeres, adolescentes y niñas. En el encuentro participaron la viceministra del Ministerio de Interior y Policía, Chandrai Estévez Zorilla; la viceministra de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Paula Disla; el director ejecutivo del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Randolfo Rijo Gómez; la directora general de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), Mildred Martínez Mejía, y la directora de la Deamvi de la Policía Nacional, general Yanet Jiménez Cabral. También asistieron representantes de más de veinte instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales que integran el Gabinete. El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 presentó los resultados de su interoperabilidad con la Línea de Emergencia *212 del Ministerio de la Mujer, una coordinación que busca mejorar la respuesta ante situaciones de violencia. La institución destacó además el intercambio de información y el cruce de registros de denuncias y asistencias. Según explicó, esa integración permitirá mejorar el análisis de la violencia contra las mujeres, identificar recurrencias y territorios con mayor incidencia, y aportar evidencias para la toma de decisiones y la distribución de recursos públicos. El Ministerio de la Mujer presentó el Programa Integral de Servicios y Modelos de Atención (Prisma), previsto para comenzar en 2027. La iniciativa busca ampliar la capacidad territorial de atención con la participación de asociaciones sin fines de lucro que cumplan los requisitos técnicos y operativos. La viceministra técnica de Planificación y Desarrollo, Rosa Mejía, explicó que el programa permitirá sumar la experiencia comunitaria de esas organizaciones a los servicios de la institución, bajo sus protocolos, estándares de calidad y mecanismos de supervisión. La primera etapa priorizará Santiago, Santo Domingo y San Cristóbal, demarcaciones en las que el mapa de calor de la violencia muestra una mayor concentración e intensidad de casos. Esa información servirá para orientar los servicios hacia los territorios con mayores necesidades de atención. El Ministerio de Hacienda y Economía presentó la hoja de ruta del Consenso de Montevideo y los resultados expuestos por República Dominicana ante la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo. El viceministro de Planificación e Inversión Pública, Martín Francos Rodríguez, informó sobre los avances nacionales en reducción de la pobreza, cobertura de salud, prevención del embarazo en adolescentes y de las uniones tempranas, igualdad de género, primera infancia y protección social. La presentación también identificó pendientes en mortalidad materna, brechas de género, trabajo no remunerado y desigualdades territoriales. Entre las prioridades señaladas figura fortalecer la producción de datos y su incorporación a la planificación de políticas de desarrollo. El Gabinete también conoció los avances del anteproyecto de Ley Mirabal, presentado por la encargada de Agenda Legislativa del Ministerio de la Mujer, Melina Zaiz. La propuesta busca establecer un marco integral para la prevención, atención, protección, acceso a la justicia, sanción y reparación frente a la violencia contra las mujeres. El contenido incluye los derechos y garantías de las víctimas, las responsabilidades institucionales y la organización del Sistema Nacional de Protección Integral. El proceso contempla además la armonización de las iniciativas legislativas existentes con el Código Penal y el Código Procesal Penal, tomando en cuenta las modificaciones recientes. Para ello, se han realizado consultas con instituciones públicas, representantes del sistema de justicia, legisladores y organizaciones de la sociedad civil.