Contraloría General y Policía Nacional impulsan prácticas de auditoría y control interno mediante taller
La Contraloría General de la República y la Policía Nacional iniciaron el taller “Auditoría y Control Interno: Buenas prácticas y lecciones aprendidas bajo el marco de la Ley 10-07” en Santo Domingo, con el objetivo de fortalecer la transparencia en las declaraciones de patrimonio de los funcionarios. El contralor general, Félix Santana García, enfatizó la necesidad de que los servidores públicos presenten sus declaraciones juradas de manera verificada y abierta.
En el acto celebrado en el Palacio de la Policía, el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, director de esa institución, subrayó el interés de fortalecer las capacidades técnicas de las áreas administrativas y financieras para identificar riesgos, optimizar procesos y garantizar que cada acción se ajuste a los más altos estándares de integridad.
Según Santana García, los hallazgos y resultados de las auditorías realizadas en la Policía Nacional y otras entidades militares y civiles son remitidos a la Cámara de Cuentas; cuando se detectan hechos punibles, estos son trasladados al Ministerio Público. El funcionario señaló que los servidores públicos, incluido el personal policial, deben actuar con ética, moral e integridad en el manejo de los fondos del Estado, para reforzar la transparencia promovida por el presidente Luis Abinader.
El curso fue impartido por facilitadores de la Escuela Nacional de Control Interno (ENCI) de la Contraloría, bajo la dirección de Luis Darío Terrero. Santana García afirmó que la ENCI ha experimentado una modernización tecnológica que facilita la transmisión de conocimientos en los talleres.
Entre los contenidos abordados figuraron las funciones y atribuciones de la Contraloría, las diferencias entre auditoría interna y externa, metodologías para la recopilación de evidencias, técnicas de muestreo y entrevistas, análisis de casos prácticos y hallazgos comunes, así como la importancia de las funciones de seguimiento para garantizar la implementación de acciones correctivas y la identificación de buenas prácticas surgidas de la experiencia.
