Consejo de Ministros examina sanciones y tipos penales para la Administración pública en el nuevo Código Penal Dominicano y en la Ley de Contrataciones Públicas
Santo Domingo. El presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña encabezaron este miércoles el quincuagésimo primer Consejo de Ministros, celebrado en el Palacio Nacional, con el objetivo de dar seguimiento a las metas priorizadas por el Gobierno para el cuatrienio 2024-2028.
En la sesión se presentaron los tipos penales relacionados con la Administración pública dentro del nuevo Código Penal Dominicano y la nueva Ley de Contrataciones Públicas, consideradas piezas centrales para el fortalecimiento institucional del país. El anuncio lo realizó el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, en su calidad de secretario técnico del Consejo, quien indicó que las nuevas normativas buscan consolidar la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. “El gobierno del presidente Abinader ha hecho de la integridad pública una bandera. Con este nuevo Código Penal, la nueva ley de contrataciones públicas y los avances reconocidos por la OCDE, reafirmamos nuestro compromiso de construir un Estado más transparente, justo y eficiente, al servicio de todos los dominicanos”, afirmó Paliza.
Sobre el Nuevo Código Penal, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, presentó los principales aspectos de la reforma, que incorpora una tipificación más rigurosa y moderna de los delitos vinculados a la Administración pública. Entre las novedades figuran sanciones más severas para casos de corrupción administrativa, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, colusión en contrataciones públicas, soborno, peculado y lavado de activos, así como disposiciones para reforzar la responsabilidad penal de funcionarios y mecanismos para facilitar la efectividad de los procesos judiciales. La pieza también incorpora estándares internacionales de lucha contra la corrupción, alineando el marco jurídico nacional con recomendaciones de organismos multilaterales.
En cuanto a la Nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, el director de la Dirección General de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, explicó que la legislación, promulgada en julio de 2025, moderniza el sistema bajo principios de transparencia, integridad y competencia. Entre sus avances destacan la plataforma Pladicop para la trazabilidad digital de los procesos, la incorporación de sanciones penales por actos de corrupción, la promoción de la inclusión social (con un 30 % de las compras reservadas para mipymes y empresas lideradas por mujeres) y el uso de inteligencia de datos y gestión de riesgos para optimizar la inversión pública.
Durante el encuentro, la directora general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, presentó los resultados de los informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los cuales destacan avances en transparencia e integridad pública. Los informes forman parte de un plan de acción para robustecer el marco institucional dominicano y promover un modelo de gestión sostenible, transparente y eficaz en todos los ámbitos gubernamentales y sociales.
En el marco de “Obras que transforman la nación (2020-2025)”, la sesión sirvió para la presentación del libro “5 años construyendo el país que queremos”, que recoge el impacto de las obras de infraestructura culminadas y en desarrollo durante la gestión de Abinader, entre 2020 y 2025. El Plan Nacional de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo se ha financiado con inversiones que superan los 600.000 millones de RD$ y activan recursos por más de 753.000 millones de RD$, priorizando proyectos en carreteras, hospitales, escuelas, universidades, viviendas, agua potable y espacios comunitarios. Entre las obras destacadas se mencionan la Línea 2C del Metro y el Teleférico de Los Alcarrizos, la ampliación de la Línea 1 del Metro, la Ciudad Sanitaria Dr. Luis E. Aybar, el Hospital Padre Billini, la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, mejoras viales en la avenida República de Colombia y nuevas centrales de generación en Manzanillo.
La sesión concluyó sin anunciar cambios inmediatos a la agenda, pero con la expectativa de avances en la implementación de las reformas y proyectos presentados, en particular en materia de integridad pública, contratación y supervisión de la inversión.
