Asamblea busca modernizar marco legal para combatir delitos financieros
La Comisión de Seguridad Nacional y Justicia emitió un dictamen favorable para crear una nueva Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, con el objetivo de prevenir, detectar y sancionar estos delitos de manera integral. La iniciativa busca alinear la normativa nacional con compromisos internacionales y modernizar el marco regulatorio vigente.
Según la propuesta, la normativa pretende sancionar eficazmente estos delitos y reducir riesgos asociados al lavado de activos y a otras conductas que alimentan la delincuencia organizada. El anteproyecto fue analizado con la opinión técnica de la Fiscalía General de la República y de la Superintendencia del Sistema Financiero, quienes señalaron la necesidad de una actualización frente a la norma vigente, de 1999.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, sostuvo que el marco actual resulta obsoleto y genera arbitrariedad y falta de garantías. Añadió que el Estado debe establecer las reglas del juego para que actores económicos y profesionales regulados puedan operar con criterios claros y coherentes con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
En la exposición de la propuesta, Delgado indicó que la ley buscará evitar la exclusión de actividades legítimas del sistema financiero, especialmente en zonas vulnerables. Entre las innovaciones, señaló la creación de un Sistema Nacional para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que estará liderado por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) para fortalecer la coordinación entre el Estado y otras entidades.
La superintendenta de el sistema financiero, Evelyn Marisol Gracias, destacó que el objetivo es lograr un equilibrio entre la gestión del riesgo de lavado de dinero y la inclusión financiera, evitando prácticas que excluyan a personas del acceso a servicios financieros. También señaló que la actualización permitirá una supervisión moderna y la adecuación de políticas y procedimientos de las entidades del sistema financiero.
Entre los elementos centrales de la iniciativa se encuentra la creación del Comité Interinstitucional para la Prevención y Control del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Arm as de Destrucción Masiva (CIPLAFT). El órgano, que será presidido por el Fiscal General, integrará a autoridades de alto nivel y representantes del sector financiero, y tendrá entre sus atribuciones diseñar políticas, coordinar acciones y emitir directrices técnicas.
La propuesta fija como sujetos obligados a supervisión a instituciones supervisadas por la Superintendencia del Sistema Financiero, así como a casinos, intermediarios inmobiliarios, comerciantes de joyas y, de forma más amplia, profesionalistas como abogados, notarios y contadores que realicen determinadas operaciones, entre otros. El régimen sancionatorio contempla faltas graves y muy graves, con multas y posibles inhabilitaciones, así como sanciones administrativas para funcionarios y empleados que incumplan las obligaciones legales.
El proyecto también establece penas para el lavado de activos que oscilan entre 9 y 15 años de prisión, con aumentos en casos vinculados a delitos contra la administración pública o cuando el autor sea un servidor público, además de posibles inhabilitaciones.
