Gobierno mantiene políticas de seguridad y prevé incremento presupuestario para 2026
La Comisión de Hacienda recibió al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, para continuar con el estudio del proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado 2026. Según lo expuesto, el presupuesto general para el próximo año fiscal será de 10,555.6 millones de dólares, con un incremento de 892.6 millones frente a 2025. Del total, el Ministerio de Seguridad Pública recibirá 702.6 millones, lo que representa un aumento de 113.6 millones con respecto al ejercicio anterior.
Villatoro explicó a los diputados que 691.96 millones de dólares se distribuirán entre las instituciones a cargo del ministerio, entre ellas la Policía Nacional Civil (PNC), la Dirección General de Centros Penales (DGCP), para la Secretaría de Estado (SEDE) y para la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP). Los 10.63 millones restantes se destinarán a proyectos de inversión. La distribución detallada de los fondos para 2026, asignados por la Secretaría de Hacienda, quedó de la siguiente manera: la PNC recibirá 471.92 millones, equivalente al 68.20% del presupuesto de seguridad; SEDE contará con 42.09 millones; la DGCP tendrá 128.63 millones; la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE) contará con 22.01 millones; la ANSP con 9.76 millones; la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) con 7.86 millones; el Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN) con 6.54 millones; la Unidad Técnica Ejecutiva (UTE) con 2.26 millones; y el Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) con 0.89 millones.
Además, la cartera de Estado señala que estos recursos buscan equipar y modernizar las instituciones de Seguridad Pública y Justicia, así como actualizar las tecnologías de la información con inteligencia artificial para mejorar el análisis, la prevención y la investigación de delitos, y apoyar la toma de decisiones estratégicas. También se prevé la modernización de la infraestructura de las sedes policiales con sistemas de eficiencia energética y reutilización de aguas lluvias, además de fortalecer la gestión migratoria mediante procesos innovadores que optimicen los servicios a la población. Asimismo, se mencionan herramientas y mecanismos jurídicos para restablecer el orden, la seguridad ciudadana y el control territorial.
En cuanto a los resultados de seguridad de 2025, el funcionario indicó que las políticas implementadas han permitido proteger a la población. Se registraron 1,035 días sin homicidios en el territorio nacional. Villatoro afirmó que las políticas son “vivientes” y que más del 97% de la población las respalda, lo que, según él, modifica la forma de hacer política en la región. Además, afirmó que, gracias al Plan Control Territorial y al régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, se han detenido 89,875 miembros de pandillas. Entre los resultados informados se mencionan 5,084 armas incautadas, 11,689 vehículos y más de 23,000 teléfonos celulares decomisados. El ministro añadió que actualmente se considera una “guerra declarada” contra las organizaciones terroristas que durante más de dos décadas sometieron a la población.
Sobre la evolución de la violencia, se indicó que la tasa de homicidios mostró una reducción significativa: en 2022, tras la pandemia, se cerró con una tasa de 7.8 por cada 100,000 habitantes; en 2023 la tasa fue de 2.4 y, al finalizar 2024, se reportó una tasa de 1.9 homicidios por cada 100,000 habitantes. Estos datos se presentan como parte de la revisión de las políticas de seguridad para el siguiente periodo.
