Autoridades buscan promover el autoconsumo de energía eléctrica de fuentes renovables
La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen a favor de crear la Ley de Fomento para el Uso de la Energía Renovable, que contempla 15 artículos y busca ampliar las alternativas de suministro eléctrico a los ciudadanos mediante la promoción de sistemas de generación y almacenamiento de energía procedente de fuentes renovables y su posible reinyección a la red de distribución.
El dictamen señala que la normativa, si se aprueba, buscaría impulsar la importación, venta, instalación y mantenimiento de equipos para generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, así como su autoconsumo por parte de los usuarios finales. También establece incentivos fiscales para los usuarios finales y define el marco regulatorio que deberá seguirse para la conexión y operación de estos sistemas, de acuerdo con el texto presentado
El director general de Energía, Hidrocarburos y Minas de El Salvador, Daniel Álvarez, participó en la sesión y recordó que en noviembre de 2007 ya existía una Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la Generación de Electricidad. Señaló que, si se aprueba la nueva ley, se buscarían beneficios fiscales claros, derechos de los usuarios finales y obligaciones para garantizar el espíritu de la normativa.
Entre los incentivos, el texto propone eximir durante 10 años de impuestos a la importación, comercialización, instalación y mantenimiento de sistemas de generación de energía con fuentes renovables; y prever exenciones de impuestos a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios para los usuarios finales que contraten proveedores beneficiados o servicios de instalación y mantenimiento. También se plantea la posibilidad de deducir de la renta gravable lo gastado en la adquisición e instalación durante el ejercicio fiscal correspondiente, con comprobación mediante el documento tributario emitido por el proveedor.
La Secretaría de Infraestructura Regulada, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), sería la encargada de establecer los requisitos y procedimientos para proveedores y usuarios finales, así como de fijar un pliego tarifario para reconocer los excedentes de energía inyectados a la red, conforme a criterios técnicos y financieros. El reglamento deberá emitirse en un plazo de 60 días, según lo informado en la mesa de trabajo legislativo. La SIGET también podría realizar inspecciones para verificar que las instalaciones y conexiones cumplan con los requisitos técnicos y que no se obstaculice la conexión de servicios a los usuarios finales.
