Críticas internacionales a ataques de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico
Un portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló este viernes que los ataques aéreos lanzados por Estados Unidos desde principios de septiembre contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, que han dejado al menos 60 muertos, violan las leyes internacionales de derechos humanos. El Alto Comisionado Volker Türk pidió a Washington que ponga fin a esas operaciones y adopte medidas para evitar ejecuciones extrajudiciales a bordo de las naves, independientemente de la supuesta conducta delictiva de sus ocupantes.
Türk subrayó que, pese a que entre las víctimas había personas de nacionalidad venezolana, colombiana y trinitaria, Washington no ha presentado pruebas que respalden sus acusaciones de tráfico de drogas. “Los ataques a estas embarcaciones no tienen justificación alguna en el derecho internacional”, dijo, al señalar que la lucha contra el narcotráfico debe regirse por la aplicación plenamente conforme a la ley.
El Alto Comisionado recordó que la intervención en el marco del combate al tráfico ilícito debe ajustarse a las limitaciones estrictas al uso de la fuerza letal establecidas en las normas de derechos humanos, permitiendo ese tipo de acción solo como “último recurso” frente a amenazas inminentes para la vida. “Ninguna de las personas a bordo parecía representar una amenaza inminente”, añadió Türk, quien señaló que las acciones no pueden justificarse bajo dicha premisa.
Según lo declarado por la administración estadounidense, las operaciones forman parte de esfuerzos necesarios contra el narcotráfico y el terrorismo y se ajustan al derecho internacional humanitario. Türk instó a Estados Unidos a continuar empleando métodos policiales establecidos para responder al presunto tráfico ilícito, incluida la interceptación legal de embarcaciones y la detención de sospechosos conforme a las normas penales aplicables. También reclamó una investigación pronta, transparente e independiente de todos los ataques, con el objetivo de enjuiciar y sancionar a los responsables de delitos graves conforme a los principios de debido proceso y juicio justo.
