Ministerio de Obras Públicas podría contar con herramientas legales para proyecto de transporte e infraestructura resiliente, según autoridades
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para que se emitan Disposiciones Especiales y Transitorias destinadas a la ejecución, supervisión y administración de los recursos provenientes de dos contratos de préstamo suscritos por el Gobierno con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por 150 millones y 120 millones de dólares, para financiar el Proyecto de Transporte e Infraestructura Resiliente de El Salvador. Según la comisión, el objetivo es mejorar la movilidad y la seguridad vial, así como fortalecer la resiliencia de las obras públicas ante el cambio climático, con un enfoque en la protección del ambiente y el bienestar de las comunidades.
Las normas que serán llevadas a votación al pleno legislativo dotarían al Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) de las bases legales para diseñar, firmar y gestionar todo lo relacionado con ambos préstamos. En ese marco, el MOPT quedaría facultado para comprar terrenos, pagar compensaciones, entregar viviendas temporales y construir inmuebles permanentes para las familias que habitan zonas donde se ejecutan obras viales, entre ellas el baipás de Apopa. También se permitiría entregar al Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO) los terrenos y las construcciones adquiridas y entregadas gratuitamente a las familias seleccionadas, conforme al Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI) aprobado el 4 de agosto pasado.
El documento, según la Comisión, cumple con las normas ambientales y sociales establecidas por el Banco Mundial, que rigen las políticas del BIRF para el otorgamiento de préstamos, en especial las que regulan procesos de compra de tierras y realojamiento. Para este proceso, el FONAVIPO registraría los inmuebles en su inventario y realizaría movimientos contables de acuerdo con el valúo de las propiedades determinado por el MOPT.
Además, las disposiciones buscan que las familias beneficiarias de una propiedad, como parte del PRI, no puedan vender, hipotecar ni transferirla durante los primeros 20 años después de recibir la escritura. También se establecería que los proyectos de vivienda del PRI sean de interés social, y que el trámite para inscribir las propiedades entregadas a las familias esté exento del pago de tasas registrales y catastrales. En cuanto a las finanzas, el ministerio de Hacienda efectuaría las operaciones presupuestarias y financieras necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos con el BIRF.
Antecedentes: el 9 de enero de 2024 la Asamblea autorizó al Órgano Ejecutivo a suscribir un préstamo de 150 millones de dólares con el BIRF para financiar el Proyecto de Transporte e Infraestructura Resiliente; este contrato fue firmado el 27 de febrero y ratificado el 9 de abril de ese año. El 11 de julio, la Asamblea autorizó además una contratación de 120 millones de dólares con la misma entidad para continuar con el proyecto y dinamizar la economía, con obras en varias zonas del país, incluido el norte del Área Metropolitana de San Salvador. El MOPT elaboró el Plan de Reasentamiento Involuntario para apoyar a los sectores afectados por el traslado y facilitar la ejecución del proyecto.
La Comisión de Hacienda también respaldó, en paralelo, una iniciativa para eximir al Ministerio de Salud (MINSAL) del pago de impuestos por la entrada del país de una donación de medicamentos oncológicos para pacientes de escasos recursos del Hospital Nacional Especializado Rosales. Si fuera aprobada, la institución no afrontaría costos de tributos como derechos arancelarios, IVA o tasas portuarias, entre otros. La exención no eliminaría la supervisión de Hacienda y otros órganos.
