Denuncian externalización de fronteras y riesgos asociados
Un conjunto de organizaciones señala que las medidas propuestas para reforzar el control migratorio externalizan la responsabilidad sin garantías para los derechos humanos, y, según su carta al Gobierno de España con motivo de la semana de conmemoración del Día Internacional de las Personas Migrantes, podrían debilitar derechos como el de solicitar asilo y el acceso a una defensa jurídica efectiva, así como el derecho a la información y a la salud de personas vulnerables.
Las ONG advierten que la profundización de un modelo de externalización del control migratorio hacia terceros países, junto con la ampliación del concepto de “tercer país seguro”, contravendría la normativa internacional de protección de refugiados. Según estas entidades, permitiría rechazar solicitudes de asilo como inadmisibles cuando se alega que la protección internacional podría haberse buscado en otro país, incluso si ese lugar carece de relación con la persona solicitante y no se ofrece posibilidad de recurso.
La preocupación se eleva respecto al impacto en la infancia migrante y en personas que solicitan protección internacional, al entenderse que estos conceptos podrían contravenir el interés superior de la infancia. También se denuncia el refuerzo de procedimientos de control y de identificación rápida en frontera (triaje) y el uso intensivo de datos biométricos, que, según las ONG, podrían aumentar la criminalización y el racismo institucional.
Además, las organizaciones cuestionan la llamada “solidaridad flexible” entre Estados miembros, que prevé financiar proyectos en terceros países para fines de control migratorio, como alternativa a la reubicación dentro de la UE, y señalan que ello no sustituye un sistema sólido de solidaridad y acogida por una distribución equitativa de la responsabilidad. También se alude a la negativa del Gobierno español al Reglamento de Retorno de la UE y a informes sobre la posible apertura de dos “centros temporales de recepción para extranjeros” en Mauritania, gestionados por la FIAP, que podrían privar de libertad a menores de edad, incluidos lactantes, y a un incremento de recursos para la transferencia de inteligencia y vigilancia fronteriza hacia África.
Las ONG reclaman transparencia y la participación real de la sociedad civil en los actos preparatorios, en línea con los principios de derecho europeo, la Constitución y los estándares internacionales de derechos humanos. Piden incorporar una supervisión independiente que garantice el respeto de los derechos fundamentales en la gestión fronteriza y que exista una participación regular y efectiva de estas organizaciones. Advierten que, sin vías legales y seguras, sin compromisos reales de reasentamiento y con un sistema de acogida sólido, el programa europeo de gestión de fronteras podría quedar limitado desde la perspectiva humanitaria.
