Organismos de derechos humanos piden al Reino Unido proteger la vida y los derechos de activistas pro-palestinos en huelga de hambre
Un grupo de relatores especiales de la ONU sobre derechos humanos expresó este viernes gran preocupación por la vida y las garantías fundamentales de ocho activistas pro-palestinos detenidos en el Reino Unido, que mantienen una huelga de hambre indefinida desde el pasado 2 de noviembre. En un comunicado conjunto, los expertos señalaron que, al entrar en el segundo mes de protesta, la salud de los huelguistas se ha deteriorado de forma significativa y los colocaría en un “riesgo crítico” de sufrir complicaciones graves.
Según el documento, la huelga de hambre es a menudo una medida de último recurso cuando las personas sienten que sus derechos a la protesta y a un recurso efectivo se han agotado. Los relatores señalan que la obligación del Estado frente a quienes recurren a esta forma de protesta no disminuye; al contrario, debe intensificarse, subrayando que el deber de cuidado hacia las personas en huelga de hambre es mayor, no menor.
Los expertos recordaron que el derecho a la salud se aplica a todas las personas, incluidas aquellas privadas de libertad, e insistieron en que las autoridades deben garantizar un acceso oportuno a atención médica de emergencia y hospitalaria cuando sea clínicamente necesario, respetar la ética médica y evitar cualquier acción que pueda interpretarse como presión o represalia. También señalaron reportes de retrasos en la atención médica, uso excesivo de sujeciones durante tratamientos hospitalarios, restricciones al contacto con familiares y abogados, y falta de supervisión médica independiente constante, especialmente en casos con condiciones de salud preexistentes.
Los relatores vincularon la situación de los huelguistas con un contexto más amplio de restricciones a la movilización pro-palestina en el Reino Unido, aludiendo a advertencias anteriores sobre el uso de marcos antiterroristas contra actos de protesta política y a la criminalización de la disidencia. También expresaron preocupación por la amplitud de la definición de terrorismo en la legislación británica y por la proscripción de la red pro-palestina Palestine Action bajo la Ley de Terrorismo de 2000, junto con detenciones y cargos derivados de presunto apoyo a ese grupo.
En ese sentido, instaron a las autoridades británicas a garantizar de inmediato una atención sanitaria adecuada para todos los huelguistas y a entablar un diálogo significativo para atender sus demandas y las presuntas violaciones de derechos. Los expertos concluyeron que “las muertes evitables bajo custodia no son aceptables” y enfatizaron que el Estado es responsable de la vida y el bienestar de las personas detenidas.
Los firmantes del comunicado fueron la relatora especial sobre el derecho de asamblea pacífica, Gina Romero; la relatora especial sobre el derecho a la salud, Tlaleng Mofokeng; la experta independiente sobre derechos humanos y solidaridad internacional, Cecilia M. Bailliet; el experto independiente sobre el orden internacional, George Katrougalos; el relator especial sobre la protección de los derechos humanos en la lucha antiterrorista, Ben Saul; la relatora especial sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión, Irene Khan; y la relatora especial sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese. Las y los relatores señalan que actúan a título individual y son independientes de gobiernos u organizaciones, siendo nombrados por el Consejo de Derechos Humanos.
