Diputados extienden régimen de excepción para garantizar seguridad al inicio de 2026
La Asamblea Legislativa aprobó una prórroga de la vigencia del régimen de excepción con 57 votos a favor, la número 46, que entrará en vigor del 1 al 31 de enero. La medida fue respaldada por la mayoría de los diputados como una herramienta para mantener el clima de paz en todo el territorio nacional, según lo informado por el órgano legislativo.
El diputado Caleb Navarro, de la coalición oficialista, afirmó que “hoy se cumplen 46 meses continuos en los que hemos logrado extender el régimen de excepción y por ende se han salvado vidas”, y agregó que la aprobación busca evitar que las pandillas intenten reagruparse. Navarro señaló que el régimen, implementado desde marzo de 2022 y consagrado en la Constitución desde 1983, contará con respaldo de su bancada cada vez que sea necesario para velar por la seguridad de la población.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, sostuvo que gobiernos anteriores fueron “cobardes” al no aplicar el régimen, y recordó que el 26 de marzo de 2022 se registraron 84 homicidios ese día. Castro indicó que, según los datos oficiales, decenas de miles de personas han sido víctimas de violencia en años previos, y afirmó que la extensión de la medida forma parte de una estrategia para garantizar la seguridad.
En cuanto a las cifras, las autoridades señalan que, desde la intervención, se han capturado 90,080 personas vinculadas a grupos terroristas, entre ellas cabecillas. Las estadísticas también muestran reducciones en los homicidios: octubre cerró sin asesinatos durante 24 días, noviembre sin asesinatos en 26 días y diciembre, con 19 días sin homicidio; además, desde el 1 de junio de 2019 se registran 1,094 días sin reportes de homicidios.
La prórroga vigente para enero se suma a un histórico de extensiones: en 2022 se autorizaron nueve prórrogas y, entre 2023 y 2024, se han producido 36 prorrogas en total, con una continuación prevista para el año venidero. Según la explicación oficial, la medida busca mantener el control territorial y la seguridad pública mientras el Plan Control Territorial continúa su implementación, aunque las evaluaciones sobre su impacto y alcance siguen siendo objeto de análisis y debate público.
