Cambio de paradigma en inocencia fiscal, según expertos, orientado a favorecer al ciudadano
La Ley de Inocencia Fiscal propone un conjunto de medidas para redefinir la relación entre el Estado y los contribuyentes, con el objetivo de restablecer razonabilidad y previsibilidad en la gestión tributaria y reducir la persecución penal y administrativa. Según el texto, la norma persigue una “reparación histórica” del ahorro y busca fomentar la formalización de ingresos y gastos, así como el reingreso de ahorros informales al sistema económico formal y el acceso a crédito de largo plazo, mediante una presunción de exactitud y otras salvaguardas.
Entre los cambios destacan un Régimen de declaración simplificada para personas con ingresos totales de hasta 1.000 millones de pesos y patrimonio de hasta 10.000 millones de pesos en los tres últimos ejercicios. Los interesados deben inscribirse en el servicio “Sistema Registral” de la plataforma ARCA y, dentro de ese proceso, acceder a “Ganancias PH Simplificada” para adherirse al régimen correspondiente al período fiscal 2025. La adhesión puede hacerse hasta el día anterior al primer vencimiento general de la declaración jurada, previsto para junio de 2026; al vencimiento, el contribuyente podrá confirmar el monto determinado por ARCA o revisarlo.
Bajo este régimen, ARCA enfocará su control en la facturación y los gastos deducibles, excluyendo consumos personales y variación patrimonial. La información declarada solo podría ser impugnada ante discrepancias significativas, conforme a la Ley de Inocencia Fiscal, y se establece una “presunción de exactitud” que protege al contribuyente ante futuras fiscalizaciones por el periodo declarado, con un “efecto liberatorio” sobre el impuesto, salvo que exista una discrepancia mayor a los umbrales definidos.
La normativa también introduce una actualización de montos relevantes para el régimen penal tributario: la evasión simple aumenta de 1,5 millones de pesos a 100 millones por tributo y ejercicio, mientras que la evasión agravada pasa de 15 millones a 1.000 millones, con ajustes anuales a partir de 2027 conforme a la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA).
Asimismo, se incorporan mecanismos de regularización: ARCA no formulará denuncia penal si el contribuyente regulariza deuda de capital e intereses antes de la formulación de la denuncia, beneficio que se otorgará por única vez por contribuyente. Una vez iniciada la acción penal, ésta podría extinguirse si se cancela el capital, los intereses y un 50% adicional de ambos conceptos en concepto de multa dentro de los 30 días de notificación. Los ciudadanos considerados cumplidores—quienes presenten la declaración jurada en término y regularicen su saldo—ven reducidos los plazos de prescripción de 5 a 3 años.
La ley también actualiza las sanciones administrativas previstas en la Ley de Procedimiento Fiscal, aumentando ciertos montos de multa y estableciendo que, en lugar de usar de inmediato la intimación y la multa al vencimiento de la declaración jurada, ARCA enviará previamente un recordatorio de 10 a 15 días hábiles para distinguir incumplimientos frecuentes de ocasionales, con posibilidad de aplicar una multa menor.
En conjunto, la norma busca modernizar el marco tributario argentino, equilibrando la recaudación con herramientas que promuevan el cumplimiento voluntario y reduzcan la litigiosidad. No obstante, persisten preguntas sobre costos, fuente de financiamiento, criterios de elegibilidad y plazos detallados que requieren fuentes oficiales para su verificación.
