Autoridades declaran estado de emergencia en Pisco para fortalecer la lucha contra la delincuencia
En Lima, a 9 de enero de 2026, el Gobierno informó que, tras la visita de trabajo del presidente José Jerí a Pisco, se declaró un estado de emergencia por 60 días en esa provincia de la región Ica. La medida quedó oficializada mediante el Decreto Supremo N° 004-2026-PCM y se publicó hoy en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
Según el decreto, durante el periodo de emergencia la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas y determinará las zonas de intervención. También se dispuso la restricción o suspensión de derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, la libertad de reunión y la seguridad personal, salvo excepciones que se establezcan.
Para la realización de actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se deberá solicitar permiso ante las autoridades competentes para su evaluación; las actividades que no tengan carácter masivo podrán realizarse sin permiso previo.
En tanto dure el estado de emergencia, se declaró en sesión permanente el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) de Ica y el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec) de Pisco. Asimismo se creó el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO) y los Comités de Coordinación Distrital (CCD), el Comité de Inteligencia (CI), el Comité de Fiscalización (CF) y el Comité de Comunicación Estratégica (CCE), con integrantes cuya participación es indelegable.
El comando y dichos comités establecerán un centro de coordinación permanente que funcionará las 24 horas del día, los 7 días de la semana, integrando los recursos humanos y tecnológicos necesarios. Las fuerzas integradas —formadas por la Policía Nacional con apoyo de las Fuerzas Armadas y el Serenazgo Municipal— ejecutarán el control territorial en zonas críticas determinadas con base en el mapa del delito, información de inteligencia, registros estadísticos y otros instrumentos técnicos.
Entre las medidas previstas figuran patrullajes disuasivos motorizados en zonas estratégicas, operativos de control de identidad y la búsqueda y captura de requisitoriados mediante el control de identidad, entre otras acciones. El decreto lleva la rúbrica del presidente José Jerí, del jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez, y de los ministros de Defensa, César Díaz Peche; de Economía y Finanzas, Denisse Miralles; del Interior, Vicente Tiburcio; y de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez.
