Organismos señalan que restricciones israelíes a la ayuda humanitaria para palestinos violan el derecho internacional
El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, condenó este miércoles la entrada de autoridades israelíes al Centro de Salud de la Agencia para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en Jerusalén y la orden de cierre temporal de esa instalación. Según informó la oficina del portavoz, Guterres indicó que el centro es propiedad de la ONU en la Jerusalén Oriental ocupada y atiende a cientos de pacientes refugiados palestinos a diario, muchos de los cuales consideran ese servicio de atención primaria como su única posibilidad de acceso a la salud.
La acción se produce tras la incautación del complejo de la UNRWA en el barrio de Sheikh Jarrah y tras la aprobación y modificación, por la Knesset, de una ley para poner fin a las operaciones de la UNRWA en el territorio del Estado de Israel. El Secretario General, que ya había expresado su preocupación al primer ministro israelí el 8 de enero, informó también a la presidenta de la Asamblea General y al presidente del Consejo de Seguridad de la ONU.
Guterres advirtió que las autoridades israelíes podrían dejar de suministrar servicios públicos a varias instalaciones de la UNRWA en Jerusalén Oriental ocupada, y reiteró que esas medidas contravienen obligaciones del derecho internacional, incluida la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas. El titular de la ONU pidió al gobierno israelí que tome medidas inmediatas para devolver y restituir el complejo de la UNRWA en Sheikh Jarrah y el Centro de Salud de la UNRWA en Jerusalén, y que garantice el mantenimiento de servicios básicos en esas instalaciones.
En una segunda comunicación, Guterres se refirió a la próxima entrada en vigor de la segunda fase del plan de Donald Trump para Gaza como “un paso importante” y resaltó que cualquier iniciativa que contribuya a aliviar el sufrimiento de los civiles, apoyar la recuperación y la reconstrucción, y avanzar hacia una solución política creíble resulta positiva. El Secretario General reiteró su respaldo al fin de la ocupación y a una solución de dos Estados, conforme con las resoluciones de la ONU y el derecho internacional.
Por su parte, un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos afirmó que la suspensión, por parte de Israel, de decenas de asociaciones que brindan asistencia vital en los territorios palestinos ocupados constituye una violación del derecho internacional. En una declaración conjunta, una veintena de relatores especiales indicó que bloquear la ayuda agrava las condiciones de vida de los palestinos y aumenta la posible responsabilidad penal de los gobernantes israelíes. Los expertos señalaron que la medida no es aislada, sino parte de un ensayo de desmantelamiento de la ayuda humanitaria para Gaza, y que, desde octubre de 2023, las fuerzas israelíes han informado de muertes de trabajadores humanitarios y personal de salud, así como de bloqueos a fondos y a la entrada de ayuda.
Los relatores enfatizaron que la ocupación continúa siendo ilegal y llamaron a los Estados con influencia a garantizar la entrada incondicional de ayuda humanitaria en Gaza. Recalcaron que la situación exige esfuerzos para asegurar corredores de acceso seguros y sostenidos supervisados por la ONU, y expresaron preocupación por las violaciones del alto el fuego y los ataques contra personal y instalaciones humanitarias. En conjunto, insistieron en que poner fin a la ocupación y a las políticas de segregación es, según su criterio, la vía para una paz duradera.
