Diputados buscan impulsar la economía mediante el aprovechamiento sostenible del mar
La Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente emitió un dictamen favorable a la Ley de Creación de la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul (ASEA), una institución autónoma adscrita al Ministerio de Economía que deberá planificar y aplicar políticas de pesca, acuicultura y actividades afines, con el objetivo de promover la economía y el aprovechamiento responsable de los recursos marinos y de agua dulce sin perjudicar el entorno natural.
Según Marta Solís, representante del Ministerio de Economía, la economía azul busca integrar sostenibilidad y gestión responsable de los océanos con el desarrollo económico, apoyándose en tecnología e innovación para maximizar los beneficios de los recursos marinos y costeros sin agotarlos.
Solís afirmó que el objetivo es equilibrar el crecimiento económico con la salud de los ecosistemas y la equidad social, e incluir actividades como pesca, acuicultura sostenible, turismo costero y energía renovable marina para aumentar la eficiencia y reducir residuos, mediante la generación de empleo y una economía circular en los sectores marítimos.
Agregó que la ley está orientada a diseñar e implementar políticas públicas de pesca, acuicultura y actividades conexas bajo el enfoque de economía azul, garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, fomentar el crecimiento del sector y promover un uso racional de los recursos hidrobiológicos, integrando sostenibilidad ambiental, innovación y cooperación multisectorial para proteger los ecosistemas marinos, costeros, insulares y continentales.
El diputado de Nuevas Ideas, Ricardo Rivas, sostuvo que la creación de la ASEA y la normativa asociada forman parte de avances en áreas como seguridad, educación e infraestructura, y que fortalecen el sector pesquero y acuícola con un enfoque de economía azul. “Con esta ley estamos dando un paso más para ordenar un sector que durante años ha estado abandonado”, dijo el legislador.
Sobre la creación y funciones de la ASEA, Solís señaló que la normativa permite constituir la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul, una entidad pública autónoma con carácter técnico que se relacionará con el Órgano Ejecutivo y otras instituciones a través del Ministerio de Economía. La ASEA sería el ente rector de la política y planificación de la pesca, acuicultura y actividades conexas con enfoque de economía azul, y estará encargada de aplicar la normativa nacional en materia pesquera y acuícola, así como de coordinar relaciones nacionales e internacionales del sector.
Entre sus atribuciones, la ASEA ejercerá la rectoría y gobernanza del sector pesquero y acuícola, garantizando el cumplimiento de la normativa y de la Ley General de Ordenación y Promoción de la Pesca y la Acuicultura, regulará el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos para promover su uso sostenible y conservar los ecosistemas, y autorizará, monitoreará e inspeccionará actividades para garantizar trazabilidad, calidad e inocuidad de los productos, promoviendo prácticas responsables y sostenibles.
La autoridad también impulsará el desarrollo productivo mediante el fortalecimiento de la cadena de valor, la innovación y el acceso a mercados, adoptando principios de economía circular; fomentará la investigación científica, la transferencia tecnológica y el fortalecimiento de capacidades, coordinando acciones con instituciones públicas, el sector privado y organismos internacionales para una cooperación efectiva.
El anteproyecto de ley prevé que la ASEA se financiaría con fondos del Presupuesto General del Estado, ingresos por servicios, cooperación internacional, donaciones y otros recursos. Su gestión estará sujeta a la fiscalización de la Corte de Cuentas y a auditorías externas cuando se considere necesario.
En cuanto al régimen sancionatorio, la iniciativa dispone que la ASEA será la entidad encargada de imponer sanciones por infracciones a la Ley General de Ordenación y Promoción de la Pesca y la Acuicultura, y deberá iniciar los procedimientos administrativos correspondientes ante posibles irregularidades, conforme a las normas legales vigentes.
