Poder Ejecutivo crea la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización
La Sunir, o Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización, fue creada por el Gobierno a través del Decreto Legislativo N.° 1710, publicado este 4 de febrero de 2026 en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Según el texto, el objetivo es reducir condiciones estructurales que facilitan la corrupción, la infiltración del crimen organizado y la violencia institucional, garantizando el control, la seguridad, la protección de derechos y los procesos de resocialización y reinserción social de internos y adolescentes en conflicto con la ley penal.
La Sunir será un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con personería jurídica de derecho público y autonomía administrativa, funcional y financiera, además de constituirse como un pliego presupuestal. En ese marco, conducirá la ejecución de las medidas privativas de libertad y de las medidas socioeducativas, así como la pena privativa de libertad efectiva, la pena suspendida, las penas limitativas de derechos, las medidas alternativas a la pena privativa de libertad y la vigilancia electrónica personal.
Entre sus funciones, el decreto legislativo señala que la Sunir dirigirá, regulará y supervisará el sistema nacional especializado de internamiento y reinserción social, fortalecerá el modelo de gestión penitenciaria y juvenil, y promoverá mecanismos de participación ciudadana. También administrará y gestionará los establecimientos penitenciarios, los centros juveniles de internamiento, los servicios de orientación al adolescente y los programas de post-egreso a nivel nacional. Además, impulsará la intervención del tratamiento penitenciario y el tratamiento especializado de adolescentes en conflicto con la ley penal, así como la asistencia post-penitenciaria y de post-egreso juvenil.
Asimismo, la Sunir diseñará e implementará sistemas de seguimiento y evaluación continua del tratamiento penitenciario y juvenil y de la asistencia post-penitenciaria y de post-egreso juvenil, y garantizará condiciones de internamiento y de supervisión diferenciadas para la población penitenciaria y para los adolescentes en conflicto con la ley penal. Entre otras atribuciones, administrará la seguridad integral interna y externa de los establecimientos penitenciarios y centros juveniles.
El dispositivo legal prevé la fusión por absorción del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) y el Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (Pronapres) a la Sunir, proceso que deberá concluir en un plazo de 90 días hábiles contados a partir de la constitución de la comisión de transferencia.
El decreto legislativo lleva la rúbrica del presidente José Jerí, del jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez, y del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez.
