Cuba sin petróleo; Ucrania, Haití y explotación infantil, entre las noticias del jueves
Expertos independientes en derechos humanos condenaron la orden de Estados Unidos que, mediante la declaración de una supuesta emergencia nacional, autoriza la imposición de aranceles a las importaciones de petróleo de terceros países hacia Cuba. En un comunicado difundido este jueves, los especialistas señalaron que calificar a Cuba de “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad de Estados Unidos y, además, acusar al país de apoyar a “grupos terroristas transnacionales” carece de credibilidad y parece diseñado para justificar el uso de poderes extraordinarios.
Los firmantes insistieron en que no existe una autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por lo que la orden ejecutiva no tendría base en la seguridad colectiva y constituiría una grave violación del derecho internacional. Señalaron que el combustible es esencial para la generación de electricidad, sistemas de agua y saneamiento, hospitales, transporte público y producción de alimentos, y advirtieron que intervenir en las importaciones de combustible podría provocar una grave crisis humanitaria en un país que ya enfrenta apagones de hasta 20 horas en muchas zonas debido a sanciones previas.
Los expertos llamaron al Gobierno estadounidense a revocar de forma inmediata la orden ejecutiva y alertaron de que la normalización de la coacción económica unilateral erosiona el orden jurídico internacional, debilita las instituciones multilaterales y inflige sufrimiento a la población civil. El comunicado de los expertos fue difundido por la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas. En paralelo, la ONU informó sobre otros frentes: el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió a Rusia que cese ataques contra infraestructuras energéticas de Ucrania, argumentando que tales ataques privan de calefacción, agua y electricidad a una población civil ya castigada por el invierno.
Türk añadió que, en Ucrania, las temperaturas pueden descender por debajo de los 20 grados Celsius bajo cero y que recientes ataques a gran escala han dejado sin electricidad a cientos de miles de personas, con afectaciones a escuelas y servicios médicos. El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, informó que miles de edificios residenciales quedaron sin calefacción y que el suministro de agua fue interrumpido en ciudades como Odesa, incrementando las dificultades para la población civil.
En el ámbito humanitario, UNICEF indicó que el reclutamiento de niños por grupos armados en Haití se triplicó en 2025, con más de 1,4 millones de desplazados internos que enfrentan violencia, desastres y pobreza. La organización alertó sobre los riesgos de abuso, violencia y suspensión de educación, y pidió a gobiernos donantes y al sector privado que fortalezcan la financiación para programas de protección y reintegración de niños vinculados a grupos armados. La directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, subrayó la necesidad de tratar a estos menores como víctimas y no como delincuentes, y de protegerlos frente a estigmas y represalias.
Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reiteró la importancia de colocar la migración y la trata de personas en el centro de las políticas para prevenir el trabajo infantil entre niños desplazados. Según la agencia, aproximadamente una de cada cuatro víctimas de trata identificadas a nivel mundial es un menor, con más de 125.000 víctimas identificadas y una cifra real probablemente mayor. La OIM pidió fortalecer la recopilación de datos, la cooperación transfronteriza y la inversión en políticas y programas que prevengan la explotación y protejan a los niños en situaciones de vulnerabilidad.
Entre los firmantes del informe se encuentran George Katrougalos, experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo; Ben Saul, relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; y Michael Fakhri, relator especial sobre el derecho a la alimentación, quienes atribuyen todas las declaraciones a las entidades mencionadas y a sus cargos respectivos.
