Diputados aprueban Ley para crear la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul
La Asamblea Legislativa aprobó, con 56 votos, la Ley de Creación de la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul (ASEA), una nueva institución autónoma adscrita al Ministerio de Economía que tendrá la rectoría de la pesca, la acuicultura y actividades conexas orientadas al aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y de agua dulce en El Salvador.
La norma establece la creación de la ASEA como ente rector de la política, planificación y regulación del sector pesquero y acuícola con enfoque de economía azul, asumiendo funciones que actualmente desempeñan el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura (CENDEPESCA). La ASEA será responsable de aplicar la normativa nacional y de coordinar las relaciones del sector a nivel nacional e internacional, así como de regular el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos para promover su uso sostenible y la conservación de los ecosistemas.
Según la diputada de Nuevas Ideas Ricardo Rivas, el marco legal busca impulsar la inversión, proteger los recursos marinos y agrícolas, modernizar la pesca y dinamizar la economía de quienes dependen de este rubro. Añadió que existen más de 5,000 acuicultores en el país y alrededor de 30,000 pescadores de mar abierto que se beneficiarían con la creación de la ASEA, y subrayó que la autoridad facilitará el desarrollo productivo mediante el fortalecimiento de la cadena de valor, el acceso a mercados, la innovación y la transferencia de tecnología.
Entre las atribuciones de la ASEA figuran autorizar, supervisar e inspeccionar las actividades del sector para garantizar trazabilidad, calidad e inocuidad de los productos pesqueros, promoviendo prácticas responsables y sostenibles; fomentar la investigación científica y la transferencia tecnológica; y coordinar con instituciones públicas, el sector privado y organismos internacionales. La entidad se financiará con fondos del Presupuesto General del Estado, ingresos por servicios, cooperación internacional, donaciones y otros recursos, y estará sujeta a la fiscalización de la Corte de Cuentas, además de auditorías externas cuando sea necesario.
