Petro acusa al poder judicial y al Congreso de impedir el avance de las reformas pensional y de salud
El presidente Gustavo Petro cuestionó este jueves, desde la Plaza de Bolívar en Bogotá, la demora de las reformas que aprobó el Congreso hace ocho meses, entre ellas la pensional y la de salud, y pidió claridad sobre el impacto de esas decisiones para la población mayor y trabajadora. En el marco de la movilización nacional por la defensa del salario vital “Ni un peso atrás”, el mandatario afirmó que es incomprensible que, dos veces aprobada la ley, la reforma pensional siga sin implementarse y cuestionó la actitud de algunos poderes frente a ese derecho.
Según Petro, el Gobierno ha trabajado para entregar el bono pensional durante esos ocho meses, pero sostuvo que “no es posible que un poder constituido le quite al pueblo constituyente su derecho a pensionarse”. Al referirse a un proceso judicial relacionado con un magistrado, aseguró que no quiere opinar sobre ese caso concreto, pero insistió en la necesidad de respetar el derecho de los ciudadanos a pensionarse.
Sobre la reforma a la salud, el presidente afirmó que no es aceptable que, a pocos meses de finalizar su mandato, el Congreso no haya aprobado la iniciativa. Indicó que, aunque el Gobierno ha implementado una parte de la reforma, no se ha podido avanzar en otros aspectos necesarios para que las EPS dejen de funcionar como aseguradoras financieras que, a su juicio, desvían recursos. Petro afirmó que el objetivo es transformar el sistema para beneficiar a la población.
El presidente subrayó que la defensa de la reforma no se trata de pelear por “unas monedas”, sino de garantizar una existencia digna y una cobertura mínima para las familias. Afirmó que su Gobierno ha buscado sumar voluntades entre distintas voces para avanzar en objetivos comunes, y llamó a rechazar la injusticia y a promover una justicia social que beneficie a trabajadores, trabajadoras y comunidades vulnerables. En su discurso, pidió que las instituciones constitucionales apliquen la Constitución de 1991 y señaló que, históricamente, ha sido necesario exigir que se cumpla la norma para avanzar en reformas clave para el país.
