Proponen aumentar controles aduaneros para frenar ingreso de productos vinculados a explotación laboral
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó un dictamen favorable para reformar la Ley Orgánica de la Dirección General de Aduanas (DGA) con el objetivo de fortalecer el comercio y garantizar que el desarrollo de las importaciones se ajuste a los principios y derechos fundamentales del trabajo reconocidos a nivel internacional.
La modificación propone incorporar un nuevo artículo 27-A, dentro del apartado “Sistema Aduanero” (título II), capítulo II, relativo al “Control Aduanero, de los Entes Fiscalizadores y sus Atribuciones”. Según explicó el jefe de Asuntos Internacionales de la DGA, Luis Manuel Córdova, la norma obligaría a la DGA, a través de sus dependencias, a solicitar una declaración escrita a los importadores para asegurar que los bienes introducidos al país no han sido fabricados ni elaborados mediante trabajo forzado, obligatorio o trabajo infantil. “Esta declaración jurada va a ser consignada en las declaraciones de importación”, indicó.
El funcionario agregó que, si la DGA detecta señales de alerta que generen dudas razonables, podría solicitar información o documentación adicional para verificar que toda la cadena de suministro (fabricación, ensamblaje, distribución, etc.) cumpla con las leyes que prohíben la explotación laboral de menores. En caso de comprobarse que el importador mintió o no entregó la información solicitada, podría enfrentar sanciones administrativas, civiles o penales. La autoridad aduanera tendría la facultad de tomar medidas inmediatas como detener el trámite, retener la mercancía de forma preventiva o negar su ingreso al país, entre otras acciones previstas por la normativa aduanera.
Asimismo, Córdova señaló que la implementación de la normativa será producto de un trabajo interinstitucional. “Ese mecanismo de control no será aplicado solo por la Dirección General de Aduanas; contaremos con el apoyo de otras instituciones de control comercial, como el Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Economía”, explicó. Según la DGA, junto con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, será la encargada de definir las reglas para coordinar, compartir información y aplicar la disposición, además de realizar los ajustes necesarios en los sistemas informáticos con herramientas de análisis de datos y gestión de riesgos.
De ser aprobada, la reforma entraría en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
En cuanto al marco institucional, el representante de la DGA recordó que El Salvador es miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que el país garantiza el respeto de los derechos laborales fundamentales, especialmente la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, las cuales, según el funcionario, pueden dañar de forma irreversible la salud, la seguridad o la moral de los menores. Estas prácticas están prohibidas internacionalmente por el Convenio 182 de la OIT y, a nivel nacional, por la Ley Crecer Juntos. “Esta nueva disposición es congruente con la legislación salvadoreña, particularmente con lo establecido en los artículos 9, 37 y 38 de la Constitución de la República, que reconoce que nadie puede ser obligado a realizar un trabajo sin retribución y sin su consentimiento”, puntualizó Córdova.
