Gobierno nacional y sector financiero analizan fórmulas para canalizar recursos ante emergencia en el Caribe
La sede del Ministerio de Hacienda fue escenario este miércoles de la segunda mesa de trabajo entre altos funcionarios del Gobierno nacional y ejecutivos del sistema financiero, con el objetivo de buscar mecanismos para orientar recursos destinados a responder a la emergencia climática que afecta a la región Caribe. El encuentro, que lideró el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se centró en avanzar en la dirección de soluciones relacionadas con el decreto de emergencia económica para la zona de desastre en ocho departamentos de la costa Caribe.
En representación del sector financiero participaron ejecutivos de Asobancaria, Bancolombia, BBVA, Banco Popular, Davivienda y Banco Caja Social. Los voceros bancarios informaron sobre su compromiso con el Gobierno para enfrentar la emergencia y anunciaron medidas de ayuda que incluyen la suspensión de cobros jurídicos y de mora, un período de gracia de 12 meses sin causación de intereses, conservación de la calificación crediticia y atención prioritaria a los afectados en los ocho departamentos mencionados. También se discutió la posibilidad de créditos flexibles y alivios para sectores que requieren dinamizar su presencia económica.
Las autoridades indicaron que el Gobierno expidió cinco decretos legislativos dentro del marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada el 11 de febrero para los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. Las medidas abarcan aspectos tributarios, ambientales y agrarios y buscan atender los efectos del frente frío que causó daños a personas, infraestructura y cultivos en la región Caribe.
Las proyecciones iniciales señalan que los daños provocados por la temporada de lluvias requieren inversiones por 8 billones de pesos. En la zona afectada se han registrado 65 emergencias, 53 de ellas por inundaciones en 61 municipios de los ocho departamentos. Afectadas, según el propio balance, suman 69.000 familias, con 10 personas fallecidas y daños significativos en viviendas, vías, puentes, acueductos, escuelas y centros de salud. También se reportan 20.000 hectáreas afectadas y 4.100 viviendas destruidas.
La información publicada por el Ministerio de Hacienda señala que la nota de prensa se apoya en datos oficiales y está sujeta a nuevas actualizaciones a medida que avanzen las labores de respuesta y recuperación.
