Proponen ampliar controles aduaneros para prevenir ingreso de productos vinculados a explotación laboral
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para reformar la Ley Orgánica de la Dirección General de Aduanas (DGA), con el objetivo de fortalecer el comercio y garantizar que este se desarrolle conforme a los principios y derechos laborales fundamentales reconocidos a nivel internacional.
La modificación propone incorporar un nuevo artículo, 27-A, dentro del apartado “Sistema Aduanero” (título II), capítulo II, referido al “Control Aduanero, de los Entes Fiscalizadores y sus Atribuciones”. Según explicó el jefe de Asuntos Internacionales de la DGA, Luis Manuel Córdova, la medida busca asegurar que los productos importados no provengan de prácticas laborales injustas, como la explotación infantil.
De acuerdo con el artículo 27-A, la DGA, a través de sus dependencias, exigiría una declaración escrita a los importadores en la que certifiquen que los bienes que introducen no han sido fabricados ni elaborados mediante trabajo forzado, obligatorio o trabajo infantil. “Esta declaración jurada va a ser consignada en las declaraciones de importación”, añadió Córdova.
Asimismo, señaló que, si la DGA detectara señales de alerta que generen dudas razonables, podría solicitar información o documentación complementaria para verificar que toda la cadena de suministro (fabricación, ensamblaje, distribución, etc.) cumpla con las leyes que prohíben la explotación laboral de menores. En caso de verificarse que el importador mintió en su declaración o no entregó la información solicitada, podría enfrentarse a sanciones administrativas, civiles o penales, y la autoridad podría tomar medidas inmediatas como detener el trámite, retener la mercancía de forma preventiva, negar su ingreso al país u otras acciones que establezca la ley aduanera.
El funcionario añadió que el cumplimiento de la normativa implicará un trabajo interinstitucional. “Ese mecanismo de control no será solo aplicado con la Dirección General de Aduanas; contaremos con el apoyo de otras instituciones de control comercial, como del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Economía”, detalló. La DGA, junto con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, sería la encargada de definir las reglas para coordinar, compartir información y aplicar la disposición, así como de realizar los ajustes necesarios en sus sistemas informáticos mediante herramientas de análisis de datos y gestión de riesgos.
De ser aprobada, la reforma entraría en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. En su intervención, el representante de la DGA recordó que El Salvador es miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que el país garantiza el respeto de los derechos laborales fundamentales, especialmente la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, tipificadas en el Convenio 182 de la OIT y, a nivel local, en la Ley Crecer Juntos. “Esta nueva disposición es congruente con la legislación salvadoreña y, particularmente, con lo establecido en los artículos 9, 37 y 38 de la Constitución de la República, que reconocen que nadie puede ser obligado a realizar un trabajo sin retribución y sin su consentimiento”, enfatizó Córdova.
