Plan de seguridad busca recuperar el orden y fortalecer el principio de autoridad, según el presidente Balcázar
Lima, 9 de marzo de 2026. El presidente José María Balcázar afirmó hoy que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028 tiene como objetivo recuperar el orden y fortalecer el principio de autoridad en beneficio de los peruanos, dentro del marco de la paz y la seguridad del país.
Según Balcázar, el plan debe enfrentarse a la criminalidad de forma integral y podrá ajustarse según la dinámica delictiva; indicó que las acciones no buscan afectar la democracia, sino definir marcos generales de actuación del Estado ante la delincuencia. Añadió que la estrategia no se limita a la Policía Nacional y al Ministerio del Interior, sino que requiere la coordinación del Poder Judicial y la Fiscalía para dar batalla al crimen organizado.
El mandatario sostuvo que el objetivo del plan es “recuperar el orden, fortalecer el principio de autoridad y garantizar que la ley prevalezca en el territorio nacional”, y expresó confianza en que las instituciones competentes lograrán resultados mediante el trabajo conjunto. En ese marco, afirmó que el país debe avanzar en una labor coordinada para garantizar elecciones generales pacíficas, desde su óptica de seguridad pública.
Balances de seguridad citados por Balcázar señalan que, desde el inicio de su gestión, se han llevado a cabo 801 operativos que permitieron la detención de 96 peruanos y 149 extranjeros, el decomiso de 30 armas de fuego y la desarticulación de 47 bandas, entre otros resultados reportados por la labor policial.
El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028 fue aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 001-2026-IN, publicado en el Diario Oficial El Peruano. La normativa establece objetivos estratégicos, ejes de intervención, fases operativas, responsabilidades institucionales, mecanismos de coordinación intersectorial y sistemas de seguimiento y evaluación para proteger a la población y garantizar derechos fundamentales, especialmente la vida, la integridad y la seguridad personal. Es de aplicación obligatoria en los tres niveles de gobierno y para las entidades que integran el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (Sinasec), así como para otras entidades públicas que intervienen en prevención y lucha contra la criminalidad.
