Reformas legales podrían fortalecer a micro y pequeñas empresas
La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión dictaminó a favor de reformar la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa, con el objetivo de actualizar el marco legal que regula a las MYPE y fortalecer su crecimiento, formalización y acceso a financiamiento. El propósito es, según la comisión, presentar medidas que impulsen la creación y consolidación de estas empresas, consideradas un motor de la economía nacional.
Antes de aprobar el dictamen, el presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), Paul Steiner, explicó que la iniciativa busca actualizar la ley para enfocarla en áreas prioritarias como la formalización empresarial y el desarrollo económico local. Según datos presentados por la autoridad, en el país existen alrededor de 990 empresas grandes, 2,830 medianas, 17,000 pequeñas y más de un millón de microempresas. De estas, unas 290,000 emplean entre cuatro y 10 personas y cerca de 840,000 tienen menos de cuatro trabajadores. La CONAMYPE informó que las MYPE representan el 99.6% del tejido empresarial y el 89.5% de los patronos formales activos en El Salvador.
Steiner señaló que las reformas buscan adaptar la clasificación vigente de tamaño de las micro y pequeñas empresas ante los incrementos del salario mínimo y garantizar que las empresas reciban pagos puntuales. Entre los cambios, indicó que el límite para considerar a una microempresa se elevaría a 500 salarios mínimos en ingresos anuales, manteniendo un máximo de 10 trabajadores. También subrayó que las modificaciones buscan proteger a las microempresas frente a retrasos en pagos, estableciendo que las instituciones deben cancelar bienes y servicios en un plazo máximo de 30 días o, de lo contrario, pagar intereses. “Con esta reforma se le dan dientes a la ley para que se cumpla el pago oportuno”, afirmó Steiner, al tiempo que añadió que, si las instituciones siguen el procedimiento de Hacienda, no se pagarían intereses, pero es fundamental garantizar que las microempresas reciban su dinero a tiempo, ya que la morosidad ha contribuido a quiebras.
La reforma también incorpora el principio de proporcionalidad en trámites y costos administrativos para evitar cargas económicas excesivas para los pequeños negocios y busca una mayor coordinación con las municipalidades para fomentar el desarrollo económico local. Otro objetivo es simplificar los trámites, ya que la burocracia ha sido una de las principales barreras para la formalización de emprendimientos.
El diputado William Soriano afirmó que El Salvador está experimentando un crecimiento que debió ocurrir años atrás y que estuvo limitado por la presencia de pandillas y extorsiones que afectaban a los pequeños negocios. Señaló que las decisiones de la Asamblea Legislativa pueden transformar el futuro del país cuando se impulsa la formación, establecimiento, fortalecimiento y expansión de los negocios. “Pasamos de 44,000 tiendas de colonia a más de 85,000 en pocos años. Los salvadoreños han perdido el miedo a emprender y confían en que existen las condiciones para abrir su propio negocio y sacar adelante a sus familias”, dijo el legislador.
Las reformas plantean que, dentro de la clasificación, una microempresa será aquella con ingresos anuales de hasta 500 salarios mínimos y un máximo de 10 empleados, mientras que las pequeñas empresas podrán tener ingresos de hasta 5,000 salarios mínimos y hasta 50 trabajadores. Asimismo, se prevé subdividir las microempresas en categorías de subsistencia, acumulación y expansión para identificar con mayor precisión su nivel de desarrollo y diseñar políticas públicas adecuadas para cada etapa.
Además, se propone la creación del Sistema de Representación y Consulta de las MYPE, que facilitaría la coordinación entre instituciones públicas, sector privado y actores locales. En este marco, los gobiernos municipales deberían establecer Mesas Técnicas Representativas Locales, espacios de diálogo entre autoridades, empresarios y organizaciones vinculadas a las MYPE para promover proyectos y programas que dinamicen la economía local.
