Reformas migratorias buscan atraer inversión y regular la residencia en el país
La Asamblea Legislativa reformó la Ley Especial de Migración y de Extranjería con el objetivo de adaptar la normativa a un nuevo perfil de extranjeros, que incluye inversionistas y personas de negocios, y fortalecer la seguridad jurídica en los procesos migratorios. Las modificaciones, aprobadas con 57 votos, afectan los artículos 49, 119, 164 y 279 de la ley.
La diputada Ana Figueroa afirmó que los cambios responden a una evolución de la realidad migratoria del país. Explicó que, históricamente, El Salvador fue un país de salida, con miles de salvadoreños buscando oportunidades en el exterior, pero sostuvo que ese contexto ha cambiado en años recientes. Según la legisladora, la legislación debe actualizarse para reflejar esta nueva dinámica y brindar beneficios claros a los residentes y a la economía nacional.
En ese marco, Figueroa indicó que las reformas buscan ordenar el marco normativo, asegurar la seguridad jurídica y generar beneficios económicos para la población, y subrayó que uno de los cambios principales es establecer reglas claras para quienes deseen residir en el país. Entre esas reglas, se establece que los residentes temporales deberán permanecer al menos 90 días al año en territorio salvadoreño para garantizar un vínculo real con la nación.
La legisladora precisó que la medida busca que quienes obtengan residencia vivan, consuman e inviertan en El Salvador, entendiendo el trámite migratorio como un compromiso con la economía y la sociedad, no solo como un acto administrativo. Asimismo, indicó que las reformas facilitarán la movilidad de inversionistas, cuyas actividades requieren viajes frecuentes, sin perder su estatus migratorio.
Entre los ejes de la reforma está la reunificación familiar: los hijos de personas que hayan obtenido la nacionalidad salvadoreña podrán acceder también a la nacionalidad, con el objetivo de garantizar la unidad familiar y el interés superior de la niñez. Por otra parte, se señalan medidas para mantener el orden y la seguridad jurídica, de modo que quienes obtengan la nacionalidad y cometan delitos dolosos graves la perderán de forma definitiva.
