Convocan al Gabinete de Seguridad, a la fiscal general y al presidente de la CSJ para ratificar la cadena perpetua
La Asamblea Legislativa aprobó, en la plenaria 102, reformar el artículo 27 de la Constitución para establecer la cadena perpetua en los delitos de homicidio, violación y terrorismo. La Comisión Política inició el proceso de estudio de la ratificación de dicha modificación y, simultáneamente, analizó cambios al Código Penal y a leyes relacionadas para armonizarlas con la enmienda constitucional.
Según la autoridad encargada, este castigo forma parte de las herramientas jurídicas dirigidas a la protección de la población y se suma al régimen de excepción vigente desde el 27 de marzo de 2022 y a las fases del Plan Control Territorial. El objetivo es garantizar la seguridad, la protección del orden público y la tranquilidad de los habitantes del país, ya que, según la comisión, se busca homologar las normas para evitar vacíos jurídicos.
El presidente de la Comisión Política, Ernesto Castro, afirmó que «lo que buscamos es homologar los cuerpos normativos y así vamos a asegurar la vida de los salvadoreños» y que se continuará protegiendo el orden público y la paz social. Por su parte, el diputado Caleb Navarro señaló que la reforma permitirá la cadena perpetua y que, una vez aprobada, las leyes secundarias deberán armonizarse con la Constitución y abarcar los tres tipos de delitos que se castigarán con esta pena.
El Salvador se convierte en el noveno país de Latinoamérica en incorporar la cadena perpetua en su marco normativo penal, uniéndose a naciones como México, Honduras, Nicaragua, Argentina, Chile, Perú, Cuba y Colombia, que han adoptado penas de por vida para homicidios y violaciones de menores. A nivel global, la medida está presente en más de 180 países, ya sea como prisión vitalicia o revisable, con ejemplos como Estados Unidos, China, Reino Unido, India y Sudáfrica.
Sobre el proceso de ratificación y la armonización de las leyes, Castro propuso cuatro sesiones de trabajo adicionales para recibir a funcionarios vinculados al tema. Tras ser aprobadas por unanimidad, la calendarización de estas sesiones quedó definida, aunque no se detallan los requisitos específicos ni el cronograma completo en el informe proporcionado.
