Comisión Política apoya ratificación de reforma constitucional para habilitar cadena perpetua
La Comisión Política emitió un dictamen favorable para ratificar la reforma al artículo 27 de la Constitución de la República, con la que se prevé establecer la pena de cadena perpetua para personas condenadas por homicidio, violación y terrorismo. La decisión llega luego de un análisis amplio del tema y de un proceso legislativo que, para su implementación, requeriría la ratificación de las tres cuartas partes de la Asamblea Legislativa.
El 17 de marzo, la Asamblea aprobó en primer debate la modificación del artículo 27 con 59 votos a favor, pero para que la enmienda entre en vigor es necesario que sea ratificada por la mayoría calificada del pleno, de acuerdo con lo establecido en la Constitución. Además, para hacer operative la cadena perpetua, deben armonizarse cuatro normativas secundarias: el Código Penal, la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley Penal Juvenil, según informó la Cámara.
Antes de emitir el dictamen, en cuatro sesiones de trabajo, los legisladores escucharon la opinión técnica del Gabinete de Seguridad, de la Fiscalía General de la República, así como de la Sala de lo Penal y de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Todas las instancias consultadas recomendaron continuar con el proceso de ratificación de la enmienda constitucional, indica la fuente oficial.
El presidente de la Asamblea Legislativa y de la comisión, Ernesto Castro, subrayó que la aprobación de estas enmiendas refleja la postura del Estado para enfrentar con mayor severidad delitos como violación, homicidio y terrorismo. Según Castro, el proceso ha contado con respaldo técnico e institucional y con un amplio apoyo legislativo, reflejado en los 59 votos obtenidos para la reforma. También sostuvo que existen sectores que intentan confundir a la población con lenguaje ambiguo y que, según su lectura, la mayoría de la ciudadanía respalda medidas más estrictas contra estos delitos.
Castro afirmó que la cadena perpetua busca evitar la reincidencia, argumentando que en el pasado personas condenadas por delitos graves recuperaron la libertad y volvieron a delinquir. Añadió que, si no se desea la cadena perpetua, la alternativa sería evitar que quienes cometen estos crímenes “vuelvan a las calles”. El además mencionó que los cambios a las normativas reforzarían la estrategia de seguridad del Gobierno y que la población ha mostrado respaldo a dicha estrategia. En su intervención, recordó que el país está próximo a conmemorar un nuevo aniversario del régimen de excepción vigente desde el 27 de marzo de 2022 y calificó la aprobación de estas medidas como una de las decisiones más importantes en materia de seguridad.
En paralelo, el diputado Caleb Navarro pidió modificar el texto original de la reforma al Código Penal, con ajustes en los artículos 66 y 68. Propuso que los cómplices de delitos sancionados con prisión perpetua reciban la misma pena que los autores (artículo 66) y que, en delitos tentados con prisión perpetua, la pena se fije en un rango que vaya desde la mitad del plazo hasta la fecha de la primera revisión (artículo 68). También solicitó que las reformas entraran en vigencia 30 días después de su publicación en el Diario Oficial.
Para aplicar la cadena perpetua y endurecer las penas, la versión presentada implica reformas en el Código Penal que abarcarían 10 artículos, incluyendo los 128, 129, 158, 159 y 162, para incorporar la prisión perpetua en delitos como homicidio simple y agravado, violación, violación de menor o incapaz y agresión sexual agravada. Además, se introducirían nuevos preceptos, como el artículo 85-A, que permitiría libertad controlada tras el cumplimiento de un plazo definido por el delito; y los artículos 92-B y 92-C, que regulan la revisión de la pena, con criterios que dependen de si el delito fue cometido por un menor, el número de delitos y la existencia de agravantes. En la propuesta, la vigencia de las reformas estaría sujeta a la publicación en el Diario Oficial y a la correspondiente ratificación legislativa, según consta en el acuerdo de la comisión.
