Reformas a la ley reducirían el costo de la energía eléctrica, según el ministerio de Energía
La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión dictaminó a favor de reformar la Ley General de Electricidad con el objetivo de garantizar un suministro energético de calidad y que los usuarios finales se beneficien de toda la cadena de valor del mercado eléctrico. Las enmiendas buscan establecer un marco normativo más claro para la generación distribuida, es decir, la energía producida por pequeños generadores conectados a redes de distribución, como la energía solar.
Antes de la aprobación del dictamen, el director general de Energía, Hidrocarburos y Minas, Daniel Álvarez, presentó ante los parlamentarios una explicación técnica de las reformas. Según Álvarez, las modificaciones buscan corregir vacíos regulatorios en la generación distribuida, particularmente en la definición de precios, que hasta ahora se ha definido mediante contratos bilaterales entre generadores y distribuidoras.
El funcionario señaló que la generación distribuida ha mostrado un crecimiento sostenido sin una regulación integral, y que ha alcanzado 553 megavatios instalados en el país, lo que subraya la necesidad de reglas claras para su desarrollo. En su presentación, detalló que la propuesta contempla la creación de un mercado minorista de energía que regularía las transacciones en las redes de distribución y complementaría al mercado mayorista, así como una medición comercial regulada para determinar con precisión cuánto se genera, cuánto se inyecta a la red y cómo ese costo se traslada a la tarifa eléctrica.
Álvarez comentó que, actualmente, los precios de la generación distribuida se calculan tomando como referencia el costo de generación con diésel o bunker, lo que puede duplicar el costo real de proyectos más económicos. Añadió que generar con diésel puede costar alrededor de 100 dólares por megavatio, mientras que la energía solar podría costar cerca de 50 dólares por megavatio, y que un mayor uso de energía solar reduciría el costo total y se reflejaría en la factura de los usuarios.
Las reformas buscan, además, disminuir la dependencia de los hidrocarburos en la generación eléctrica y promover alternativas como la energía solar. Entre las novedades, la iniciativa prevé una mayor supervisión técnica y operativa, que incluye regulación de interconexión y acceso a la red, seguimiento y trazabilidad de proyectos ante el interés de inversionistas en energías renovables, estudios técnicos obligatorios para garantizar la capacidad de la red para integrar nuevos proyectos, monitoreo en tiempo real de las plantas de generación distribuida y la integración de tecnologías como sistemas de almacenamiento de energía.
Asimismo, se refuerza el rol de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, que pasaría a ser la responsable de autorizar interconexiones, definir cargos asociados y realizar estudios para determinar la capacidad máxima de integración de generación distribuida en el sistema, según la propuesta discutida.
