El Ejecutivo de El Salvador inició estudio de nueva Ley de Alianzas Público-Privadas
Se propone un marco legal que fije reglas claras para crear, ejecutar y concluir las Alianzas Público Privadas entre el Estado (a través de sus instituciones) y empresas privadas, con el objetivo de desarrollar proyectos de infraestructura y servicios públicos.
Comprende todas las fases, desde el diseño y la construcción hasta la operación, mantenimiento y mejoras necesarias, asegurando el cumplimiento eficiente de las licitaciones y contratos de APP.
Para ampliar los detalles de la propuesta, la comisión escuchó la opinión técnica de la directora de Inversiones del Ministerio de Economía, Clarissa Margarita Valdebrán, quien explicó que la nueva ley busca actualizar el marco legal vigente y eliminar brechas en temas de infraestructura para que el Estado brinde mejores servicios.
“Es una herramienta para la que el país está preparado, creemos en el principio de progresividad, este es un salto de calidad en cuanto a la ley vigente y que con ella el país cierre brechas en temas de infraestructura, y brindar servicios de mayor eficiencia y eficacia”, aseguró.
Además, sostuvo que para garantizar el buen funcionamiento de estas alianzas se creará la Dirección Nacional de Alianzas Público Privadas (DAPP), una entidad encargada de coordinar, evaluar y supervisar el desarrollo de proyectos bajo este modelo.
Aclaró que la Asamblea Legislativa deberá autorizar los contratos APP y en caso de no aprobación, el Estado no asumirá compromisos económicos con los oferentes.
“Tener un cuerpo normativo con la robustez que cuenta este anteproyecto, da —además de confianza— todo el respaldo legal para que la inversión de esa envergadura pueda establecerse en el país”, expresó.
La funcionaria también detalló que, con el nuevo marco regulatorio, El Salvador estaría al nivel de países de la región, como Chile, Colombia y Perú, que ya tienen proyectos exitosos en este formato.
El diputado William Soriano destacó que El Salvador atraviesa una etapa de expansión en su infraestructura y, dado que el país cuenta con recursos limitados, el uso de mecanismos como las Alianzas Público Privadas resulta clave para impulsar el desarrollo.
Explicó que el sector privado también puede presentar iniciativas, identificando necesidades no cubiertas por el Estado y proponiendo soluciones en materia de servicios o infraestructura productiva.
Detalló que estas propuestas son recibidas por el Ministerio de Hacienda, que evalúa su viabilidad financiera y operativa. Si son aprobadas, se remiten a la Asamblea Legislativa, instancia que decide su aprobación o rechazo.
En la próxima sesión de la Comisión, los parlamentarios recibirán en la mesa de trabajo al presidente de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (INVEST), Rodrigo Ayala.
Tipos de contratos
La Ley de Alianzas Público Privadas establece cuatro modalidades de contratos, según su naturaleza económica y el origen de los bienes involucrados en el proyecto, los cuales tendrán un plazo máximo de 50 años: una de ellas son los autosostenibles, que se financian exclusivamente con tarifas pagadas por los usuarios, sin requerir recursos ni garantías del Estado. También se contemplan contratos cofinanciados, que sí incluyen aportes, pagos o garantías estatales, ya sean firmes o contingentes.
En cuanto a los bienes, la normativa establece dos tipos de contratos. El primero son los contratos con bienes del Estado, donde el gobierno suministra los activos necesarios para ejecutar el proyecto. El segundo son los contratos con bienes del agente privado, en los que el inversionista utiliza recursos propios, los cuales pueden o no ser transferidos al Estado al finalizar el contrato.
Dirección Nacional adscrita a Hacienda
La Dirección Nacional (DAPP) estará adscrita al Ministerio de Hacienda y contará con autonomía técnica. Entre sus principales funciones se encuentran la identificación de sectores y proyectos viables para ejecutarse mediante APP, así como el registro de todos los contratos relacionados. La DAPP también revisará la admisibilidad de las iniciativas, solicitará informes fiscales al Ministerio de Hacienda y podrá declarar de interés público los proyectos de iniciativa privada. La entidad también tendrá la facultad de requerir información a instituciones públicas, coordinar asistencia técnica para estructurar proyectos y emitir lineamientos generales para su diseño, gestión y ejecución. Además, será la responsable de aprobar o rechazar los estudios de factibilidad presentados por las entidades contratantes.
Rol del Ministerio de Hacienda
El Ministerio de Hacienda tendrá un papel clave en la supervisión fiscal de los proyectos de Alianzas Público Privadas. Será el encargado de evaluar los riesgos y la capacidad del Estado para asumir compromisos financieros a largo plazo. También emitirá un informe fiscal preliminar sobre cada iniciativa y un dictamen fiscal definitivo basado en el estudio de factibilidad y los documentos contractuales. Asimismo, deberá verificar que las instituciones públicas incluyan en sus presupuestos los recursos necesarios para cumplir con los compromisos derivados de estos contratos, así como evaluar los riesgos con impacto fiscal y la capacidad presupuestaria de las entidades contratantes. Estas atribuciones forman parte de su rol de dirección, coordinación y supervisión de las finanzas públicas, garantizando el cumplimiento de la política fiscal.
Derechos y obligaciones del agente privado
La ley define los derechos y obligaciones de las empresas privadas que participen en estos proyectos. Entre los derechos se incluyen percibir ingresos por la prestación de servicios o cobro de tarifas, obtener financiamiento, ceder el contrato con autorización, subcontratar terceros y solicitar prórrogas cuando existan retrasos atribuibles al Estado.
En cuanto a las obligaciones, el agente privado deberá ejecutar el proyecto conforme a los estándares técnicos y niveles de servicio establecidos, garantizar la continuidad y calidad del servicio, cumplir la normativa vigente y obtener los permisos necesarios. Además, estará obligado a permitir auditorías e inspecciones, presentar informes periódicos y estados financieros auditados, responder por daños a terceros y por los bienes del Estado involucrados, así como realizar las reinversiones necesarias.
