Diputados aprueban fondos para proteger de inundaciones a comunidades de San Miguel
Los fondos provienen de un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y se destinarán al “Proyecto de Transporte e Infraestructura Resiliente de El Salvador”. Con ese financiamiento se realizarán trabajos de rehabilitación de márgenes y la construcción de bordas en el cantón La Canoa.
El proyecto prevé la construcción de 0.6 kilómetros de bordas, con alturas entre 3.5 y 4 metros mediante muros de gaviones, así como acciones de control de erosión y reforestación en la ribera del río. También se destinará dinero para cubrir estudios técnicos, trabajos de topografía, demolición de estructuras existentes, terracería e instalación de compuertas metálicas, con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y proteger la infraestructura vial.
El subjefe de la bancada de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, explicó que, en invierno, la zona es afectada por inundaciones recurrentes debido al desbordamiento del río Grande. Añadió que, si bien el MOPT ha realizado trabajos de mitigación, las lluvias intensas continúan provocando el cierre temporal de la carretera Litoral, una de las principales vías de conexión, lo que obliga a desviarse por rutas alternas como la calle de Placitas, cercana al volcán Chaparrastique. “Esto va a beneficiar no solo a los habitantes del cantón La Canoa, sino también a los comerciantes y a las personas que viajan de San Salvador a San Miguel frecuentemente, porque ya no tendrán ningún tipo de contratiempo”, afirmó el legislador.
Fondos para control en centros penales
Los diputados también aprobaron, con 56 votos, la incorporación de 1,518,671.87 dólares adicionales al MOPT, financiados con remanentes de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica, originalmente destinado al Programa de Fortalecimiento del Sistema Penitenciario en El Salvador. Del monto total, 470,000 se asignarán a la construcción y equipamiento de cocinas industriales en centros penales priorizados, mientras que 970,671.87 se destinarán a la adquisición e instalación de 776 dispositivos electrónicos de monitoreo para reos que participan en labores comunitarias como parte del Plan Cero Ocio.
