El Ejecutivo de El Salvador continúa analizando una iniciativa para crear la Ley de Alianzas Público-Privadas que impulse la inversión
Con el objetivo de dinamizar la inversión y ampliar la capacidad del Estado para ejecutar proyectos estratégicos, la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión continúa con el estudio de una iniciativa para crear la Ley de Alianzas Público Privadas (APP), orientada a modernizar el marco jurídico vigente, atraer inversión privada y permitir contratos de hasta 50 años para el desarrollo de infraestructura y servicios públicos.
La propuesta pretende establecer un marco normativo claro que regule todas las fases de las Alianzas Público Privadas (APP), desde la estructuración y licitación, hasta la ejecución, operación y finalización de los contratos, con el objetivo de garantizar eficiencia, transparencia y calidad en los servicios.
En la sesión de trabajo, los legisladores escucharon la opinión técnica del presidente de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (INVEST), Rodrigo Ayala, quien afirmó que uno de los principales objetivos del nuevo marco regulatorio es reducir la burocracia para agilizar la concreción de alianzas, evitando retrasos innecesarios.
Asimismo, aseguró que este mecanismo “no constituye una privatización bajo ningún esquema”, sino una herramienta para atraer inversión y ejecutar proyectos de infraestructura mediante procesos técnicos y regulados.
Ayala explicó que las APP funcionan a partir de evaluaciones especializadas, procesos de precalificación y estudios detallados, los cuales se ven obstaculizados cuando las competencias están dispersas en distintas instituciones del Estado.
Según el funcionario, la iniciativa busca concentrar en la Dirección Nacional de Alianzas Público Privadas las facultades del proceso, incluyendo la custodia de la información y los mecanismos de análisis, sin excluir las atribuciones de otras entidades encargadas de velar por los bienes públicos.
Añadió que una ley secundaria como esta no podría estar por encima de la Constitución, por lo que instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR) mantienen sus facultades tal como lo establece la Carta Magna, respecto a la protección de los bienes del Estado.
“Buscamos que una dirección sea la que tenga toda la facultad del proceso, la custodia de la información, el mecanismo de estudio y eso no excluye las competencias que ya tiene el Ministerio Público para cuidar y resguardar los bienes del Estado”, afirmó Ayala.
El diputado William Soriano señaló que los modelos de alianzas público-privadas permitirían identificar y desarrollar nuevas áreas de inversión, mejorar servicios para la población, como educación, salud, infraestructura vial y portuaria, así como brindar mayor certeza jurídica a los inversionistas.
Agregó que sectores como la construcción, que generan miles de empleos, se verían fortalecidos con este tipo de iniciativas.
Soriano señaló que El Salvador atraviesa un momento clave, en el que gracias a los avances en materia de seguridad, el sector privado tiene mayores condiciones para crecer. Por ello, corresponde al Estado generar marcos normativos que faciliten la inversión y permitan la participación entre instituciones públicas y empresas privadas.
El legislador también se refirió a recientes proyectos de infraestructura, como la inauguración de centros educativos y destacó el papel que han tenido entidades como el Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Dirección de Obras Municipales (DOM), el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y el sector privado en los procesos de reconstrucción y desarrollo del país.
Para continuar con el proceso de estudio, los parlamentarios acordaron recibir, en la próxima sesión de trabajo, al ministro de Hacienda, Jerson Posada.
Contenido de la ley
El anteproyecto de ley contempla la creación de la Dirección Nacional de Alianzas Público Privadas (DAPP), una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, con autonomía técnica, que será la responsable de coordinar, evaluar y supervisar los proyectos desarrollados bajo este modelo.
Asimismo, se establecen cuatro modalidades de contratos, según su naturaleza económica y el origen de los bienes involucrados en el proyecto, los cuales tendrán un plazo máximo de 50 años:
Unos de ellos son los autos sostenibles, que se financian exclusivamente con tarifas pagadas por los usuarios, sin requerir recursos ni garantías del Estado. También se establecen contratos cofinanciados, que sí contemplan aportes, pagos o garantías estatales, ya sean firmes o contingentes.
En cuanto a los bienes, la normativa establece dos tipos de contratos.
El primero son los contratos con bienes del Estado, donde el gobierno proporciona los activos necesarios para ejecutar el proyecto.
Mientras que el segundo, son los contratos con bienes del agente privado, en los que el inversionista utiliza recursos propios, los cuales pueden o no ser transferidos al Estado al finalizar el contrato.
La propuesta pretende establecer un marco normativo claro que regule todas las fases de las Alianzas Público Privadas (APP), desde la estructuración y licitación, hasta la ejecución, operación y finalización de los contratos, con el objetivo de garantizar eficiencia, transparencia y calidad en los servicios.
En la sesión de trabajo, los legisladores escucharon la opinión técnica del presidente de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (INVEST), Rodrigo Ayala, quien afirmó que uno de los principales objetivos del nuevo marco regulatorio es reducir la burocracia para agilizar la concreción de alianzas, evitando retrasos innecesarios.
Asimismo, aseguró que este mecanismo “no constituye una privatización bajo ningún esquema”, sino una herramienta para atraer inversión y ejecutar proyectos de infraestructura mediante procesos técnicos y regulados.
Ayala explicó que las APP funcionan a partir de evaluaciones especializadas, procesos de precalificación y estudios detallados, los cuales se ven obstaculizados cuando las competencias están dispersas en distintas instituciones del Estado.
Según el funcionario, la iniciativa busca concentrar en la Dirección Nacional de Alianzas Público Privadas las facultades del proceso, incluyendo la custodia de la información y los mecanismos de análisis, sin excluir las atribuciones de otras entidades encargadas de velar por los bienes públicos.
Añadió que una ley secundaria como esta no podría estar por encima de la Constitución, por lo que instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR) mantienen sus facultades tal como lo establece la Carta Magna, respecto a la protección de los bienes del Estado.
“Buscamos que una dirección sea la que tenga toda la facultad del proceso, la custodia de la información, el mecanismo de estudio y eso no excluye las competencias que ya tiene el Ministerio Público para cuidar y resguardar los bienes del Estado”, afirmó Ayala.
El diputado William Soriano señaló que los modelos de alianzas público-privadas permitirían identificar y desarrollar nuevas áreas de inversión, mejorar servicios para la población, como educación, salud, infraestructura vial y portuaria, así como brindar mayor certeza jurídica a los inversionistas.
Agregó que sectores como la construcción, que generan miles de empleos, se verían fortalecidos con este tipo de iniciativas.
Soriano señaló que El Salvador atraviesa un momento clave, en el que gracias a los avances en materia de seguridad, el sector privado tiene mayores condiciones para crecer. Por ello, corresponde al Estado generar marcos normativos que faciliten la inversión y permitan la participación entre instituciones públicas y empresas privadas.
El legislador también se refirió a recientes proyectos de infraestructura, como la inauguración de centros educativos y destacó el papel que han tenido entidades como el Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Dirección de Obras Municipales (DOM), el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y el sector privado en los procesos de reconstrucción y desarrollo del país.
Para continuar con el proceso de estudio, los parlamentarios acordaron recibir, en la próxima sesión de trabajo, al ministro de Hacienda, Jerson Posada.
Contenido de la ley
El anteproyecto de ley contempla la creación de la Dirección Nacional de Alianzas Público Privadas (DAPP), una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, con autonomía técnica, que será la responsable de coordinar, evaluar y supervisar los proyectos desarrollados bajo este modelo.
Asimismo, se establecen cuatro modalidades de contratos, según su naturaleza económica y el origen de los bienes involucrados en el proyecto, los cuales tendrán un plazo máximo de 50 años:
Unos de ellos son los autos sostenibles, que se financian exclusivamente con tarifas pagadas por los usuarios, sin requerir recursos ni garantías del Estado. También se establecen contratos cofinanciados, que sí contemplan aportes, pagos o garantías estatales, ya sean firmes o contingentes.
En cuanto a los bienes, la normativa establece dos tipos de contratos.
El primero son los contratos con bienes del Estado, donde el gobierno proporciona los activos necesarios para ejecutar el proyecto.
Mientras que el segundo, son los contratos con bienes del agente privado, en los que el inversionista utiliza recursos propios, los cuales pueden o no ser transferidos al Estado al finalizar el contrato.
