Mahiques se reunió con actores del sistema de justicia para analizar la implementación del Código Procesal Penal Federal y reformas legislativas
Participaron del encuentro el procurador general de la Nación, Eduardo Casal; el defensor general de la Nación, Julián Langevin; el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña; el secretario de Presidencia del Consejo de la Magistratura, Matías Posdeley; el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Andrés Basso; y la vicepresidenta de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Susana Pernas.
Por el Ministerio de Justicia participaron el subsecretario de Política Criminal, Emiliano Méndez Ortiz, y el presidente de la Unidad de Información Financiera, Matías Álvarez.
Mahiques sostuvo que la prioridad de la cartera es generar las condiciones necesarias para la puesta en marcha y consolidación del sistema acusatorio, con articulación entre los organismos de justicia y fortalecimiento de sus capacidades operativas, tecnológicas y de gestión.
En ese marco, el ministerio avanza con la adquisición e instalación de equipamiento tecnológico e informático, el montaje de salas de audiencia, el refuerzo del análisis forense digital, obras edilicias y actividades de capacitación para magistrados, funcionarios y equipos técnicos.
Hasta ahora, se montaron 62 salas de audiencia equipadas con tecnología de última generación. Doce de ellas corresponden a los fueros Federal y Penal Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ya están operativas.
Para las próximas jurisdicciones, el ministerio impulsa nuevas acciones de fortalecimiento operativo. Actualmente están en proceso de compra seis salas para Posadas y ocho para el distrito de La Plata.
Además, prevé ofrecer a la Procuración General de la Nación un inmueble de unos 900 metros cuadrados en La Plata, con el objetivo de ampliar la capacidad operativa del Ministerio Público Fiscal.
En materia institucional, el ministerio informó que ya remitió al Senado más de 150 pliegos de jueces, fiscales y defensores públicos, con el fin de cubrir vacantes y dotar de recursos humanos al sistema de justicia.
También avanzó en la identificación y adecuación de espacios para el funcionamiento del sistema acusatorio. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ofreció a la Procuración General de la Nación los edificios “Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín”, “Pabellón Coy” y “La Monedita”.
Mahiques recordó que una de las funciones del Ministerio de Justicia es establecer el cronograma de entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en las distintas jurisdicciones del país, según las condiciones tecnológicas, edilicias y de recursos humanos de cada distrito.
En ese marco, el 11 de junio de 2026 el ministro firmó dos resoluciones que modificaron las fechas de implementación en La Plata y Córdoba. La entrada en vigencia quedó prevista para el 21 de septiembre de 2026 en La Plata y para el 8 de marzo de 2027 en Córdoba.
El cronograma vigente se completa con Posadas, prevista para el 24 de agosto de 2026, y con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los fueros Federal y Penal Económico, programada para el 15 de febrero de 2027.
El Ministerio de Justicia sigue evaluando las jurisdicciones pendientes de implementación —Tucumán, Paraná, San Martín y la justicia nacional ordinaria con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— para fijar las fechas de entrada en vigencia cuando existan condiciones técnicas y operativas adecuadas.
La reunión se realizó en el Salón Pablo Ramella del Ministerio de Justicia y contó también con la presencia del juez en lo Penal Económico de la Capital Federal, Pablo Yadarola; el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Diego Iglesias; y magistrados de distintas jurisdicciones.
En relación con las reformas legislativas, Mahiques señaló que la Subsecretaría de Política Criminal trabaja en un anteproyecto de ley de juicio por jurados para la justicia federal.
Dijo que se trata de una actualización integral del proyecto remitido originalmente en la Ley Bases, adaptada a las particularidades de la justicia federal argentina, su organización institucional y las competencias propias de la criminalidad federal.
Por último, destacó la necesidad de seguir perfeccionando las herramientas normativas que acompañan la implementación del sistema acusatorio. También informó que se avanzará en la conformación de una comisión de reforma del Código Procesal Penal Federal, integrada por representantes de los principales actores del sistema de justicia.
