La violencia en el Catatumbo ya afecta a 92.000 personas
De estas, más hacia los cascos urbanos de Cúcuta, Tibú y Ocaña yse encuentran albergadas en refugios temporales, hoteles y comunidades de acogida en estas ciudades.
El Catatumbo, una región fronteriza con Venezuela, es un entre grupos armados debido a su importancia para la minería, la producción de coca y el tráfico ilícito y a la escasa presencia del Estado. En los últimos meses, se ha pasado de una tensa coexistencia entre grupos armados a una guerra abierta por el control del narcotráfico.
En febrero hubo menos desplazamientos masivos en comparación con las primeras semanas de la emergencia y se reforzó la presencia de la Fuerza Pública. Pero la violencia en el territorio continúa en aumento, con al menos reportadas en los municipios de Tibú, Convención, Teorama y El Tarra, dejando a la población civil en medio del fuego cruzado, incluyendo niños y adolescentes.
Los y contra miembros de la Fuerza Pública por parte de los grupos armados provocaron dos nuevos desplazamientos masivos en Tibú (12 de febrero) y Teorama (18 de febrero).
La violencia ha llegado también a la ciudad de Cúcuta con atentados y hostigamientos con artefactos explosivos improvisados a la infraestructura militar.
Algunas personas que permanecían en los cascos urbanos de Cúcuta, Ocaña y Tibú, estarían retornando sin las condiciones de seguridad a sus veredas, a pesar del peligro que suponen las minas antipersonales, las amenazas y la continuidad de las acciones armadas. Intentan regresar ante el deterioro de sus cultivos, el abandono de animales de crianza y los riesgos de despojo de sus tierras y viviendas.
Restricciones a la movilidad y confinamiento
Al menos 27.381 personas sufren restricciones a la movilidad y dificultades para acceder a bienes y servicios de primera necesidad. A esto se agrega que las 8668 personas confinadas al inicio de la emergencia tienen todavía más limitaciones por la imposición de horarios para el tránsito y otras estrategias de vigilancia permanentes sobre la población civil. Se conocen casos de personas que, al ser amenazadas por el grupo armado, se ven obligadas a
El personal humanitario y la Misión Médica tienen dificultades de acceso en San Calixto, Teorama, Tibú, El Tarra, Hacarí, El Carmen y Ábrego por las operaciones militares y hostilidades .Además, se han reportado y la presencia de minas antipersonal, municiones sin explosionar, y artefactos explosivos improvisados .
El informe señala que “se ha exacerbado el riesgo particular para defensores de derechos humanos, firmantes de paz, líderes sociales y comunitarios, quienes son objeto de violencia por parte de los Grupos Armados No Estatales”. “Persisten las amenazas y señalamientos contra esta población, donde se les acusa de pertenecer o colaborar con otro actor en disputa”, añade, señalando que hay “limitaciones importantes para garantizar la protección”.
Mujeres y niños
Las mujeres y niños desplazados de sus hogares son especialmente vulnerables. Además de sufrir la interrupción del curso escolar, se están produciendo casos de desnutrición entre niños.
Según un tamizaje realizado por UNICEF a 328 niños en Tibú,
Desde el comienzo de la emergencia, el Ministerio Público ha identificado aproximadamente 99 mujeres víctimas de violencia de género y explotación sexual. De estas, cerca del 65% son de nacionalidad venezolana. “Estas mujeres, se encuentran en situación de vulnerabilidad debido a la falta de documentación y la persistencia de barreras para la regularización de su estatus migratorio”, señala el informe. Asimismo, se han registrado casos de violencia y amenazas directas contra mujeres lideresas, quienes se han visto obligadas a desplazarse en repetidas ocasiones.
Además, al menos 4667 refugiados y migrantes se han visto afectados durante la emergencia. La crisis ha aumentado los riesgos de violencia de género y sexual debido al hacinamiento y la falta de espacios seguros; afectando principalmente a mujeres, niños, niñas y adolescentes. Además, los menores de edad están expuestos al reclutamiento, uso y utilización por parte de Grupos Armados No Estatales y estructuras criminales.
Congelación de fondos
Las comunidades indígenas Barí de los resguardos Ñatubaiyibari y Catalaura, sufren constantes amenazas, medidas de control social, vigilancia y violencia. La asamblea permanente decretada por estas comunidades el 15 de febrero funciona como mecanismo de autoprotección y defensa de su territorio, pero OCHA señala que se requiere garantizar el acceso a alimentos, insumos médicos y agua potable.
La Oficina explica que “debido a la s al menos 38 organizaciones humanitarias con presencia en Norte de Santander se han visto obligadas a suspender sus actividades, reducir su capacidad logística o finalizar su labor en territorio”. Como consecuencia, “se estima que al menos 120.000 personas se verían afectadas y no podrían acceder a la asistencia humanitaria”.
