Política antidrogas defiende derechos humanos de campesinos
La lucha antidrogas del Gobierno del Cambio se sustenta, según el Ministerio de Justicia, en un equilibrio entre derechos humanos y políticas sociales, y en medidas de seguridad para atacar las finanzas de las estructuras criminales mediante interdicción de cargamentos y combate al lavado de activos, al tiempo que se impulsa la atención social y la inversión, entre ella la titulación y adjudicación de tierras, y el impulso a emprendimientos productivos.
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, afirmó que estas líneas permiten a la Administración del presidente Gustavo Petro presentar logros frente a gestiones anteriores, con énfasis en favorecer la transición de comunidades hacia economías lícitas y en promover sustitución voluntaria de cultivos ilícitos como parte de la proporcionalidad en el manejo del orden público.
Montealegre señaló que no es posible un uso indiscriminado de glifosato y que deben respetarse las disposiciones judiciales de la Corte Constitucional. Los fallos señalan que la aspersión no reduce la extensión de cultivos ilícitos y que, por el contrario, puede provocar desplazamientos de población y de plantaciones.
En el marco de las acciones contra el narcotráfico, se han logrado resultados que van más allá de las incautaciones. Según cifras consolidadas del Ministerio de Defensa, en el último año se destruyeron 5.261 laboratorios, se registraron 183 extraditables, se entregaron 177 delincuentes a la justicia de Estados Unidos y de otros países, y se inmovilizaron bienes de la mafia por más de 125 millones de dólares.
Entre las operaciones recientes figura la neutralización de integrantes del Clan del Golfo, incluyendo alias “Guillermino” y alias “Marlon”, vinculados al asesinato de 13 policías en Amalfi, quienes murieron en enfrentamientos con la policía. También fueron capturados 163 extranjeros vinculados al Tren de Aragua, entre ellos varios cabecillas.
El esfuerzo colombiano ha impedido la circulación mundial de unas 900 millones de dosis de estupefacientes, cuya valoración en el mercado se estima en 29 billones de dólares, evitando que esas ganancias llegaran a las arcas de los carteles. El presidente Petro resaltó la cooperación internacional en estas acciones y subrayó que mantenerla es vital para no desplomar el andamiaje estratégico construido en la lucha contra el crimen organizado.
