Gloria Miranda señala que es más que sustituir una mata por otra
El Gobierno del presidente Gustavo Petro busca transformar territorios para desactivar las economías ilegales mediante la sustitución de cultivos de uso ilícito, y no sólo su reemplazo por otros cultivos. La directora de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda Espitia, indicó que la meta es avanzar hacia economías legales que impulsen la paz y el desarrollo local, especialmente en regiones históricamente dominadas por economías ilícitas vinculadas al narcotráfico.
Miranda Espitia explicó, en diálogo con Vida, que la institución ha pasado de centrarse principalmente en cambiar cultivos por otros a atender, desde una perspectiva integral, las economías ilegales para que las comunidades accedan a proyectos productivos con valor agregado. “Buscamos un nuevo contrato social con estas poblaciones, y uno de los logros iniciales es recuperar la confianza, porque se les había incumplido por muchos años”, afirmó la funcionaria.
Según la directora, el alcance de los logros se mide en la transición de comunidades que dependen de economías ilícitas basadas en coca hacia procesos productivos lícitos. El programa Renhacemos, dentro de la política nacional de drogas Sembrando Vida, busca atender vulnerabilidades estructurales asociadas a la falta de presencia del Estado en territorios con alta desigualdad. Se estima que para 2025 se habrán sustituido 20.000 hectáreas y se atenderán entre 10.000 y 15.000 familias para que dejen la dependencia de cultivos ilícitos y emprendan proyectos productivos como café o cacao.
La funcionaria señaló que existen diferencias claras respecto a políticas de gobiernos anteriores. Mientras que las dinámicas anteriores se enfocaban principalmente en la sustitución de cultivos, ahora se pretende apoyar a las comunidades desde la producción hasta la comercialización, con un énfasis en productos con valor agregado. También se apunta a financiar infraestructura para la transformación de la producción, como plantas de beneficiado, secaderos y centros de acopio, con la sustitución integrada en la transformación de territorios.
En cuanto al Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS), Miranda Espitia indicó que este programa había sido incumplido durante años y ha sido necesario reactivarlo. “Renegociamos con el 85 % de las familias cultivadoras y no cultivadoras del PNIS, que suman alrededor de 58.000 personas; aún falta avanzar con el resto y subsanar errores de implementación”, afirmó. Aclaró que el proceso busca ampliar la diversificación productiva para lograr agroindustrialización y volúmenes de producción suficientes para una asistencia técnica efectiva.
Respecto a la selección de áreas, la dirección se basa en tres criterios: la concentración de coca y la ubicación de enclaves cocaleros para generar mayor impacto; la presencia de mesas de negociación de paz, para vincular la política de paz con la de drogas; y la voluntad de las comunidades que han manifestado interés en sustituir cultivos. La articulación entre estas políticas se considera fundamental para acelerar la sustitución.
Entre las dificultades mencionadas por la dirección están la falta histórica de presencia del Estado, deficientes vías de acceso, debilidad institucional y limitaciones de seguridad en algunos territorios, que elevan el desafío de la sustitución. Miranda Espitia destacó que, a pesar de estos obstáculos, el Gobierno busca ampliar la presencia institucional y la confianza de las comunidades, con una mayor participación de programas como Renhacemos y el PNIS en el marco de una política de Estado, no de coyuntura. El programa también enfrenta cuestiones presupuestarias y la necesidad de una capacidad de implementación suficiente para sostener las intervenciones a lo largo del tiempo.
La directora relató historias de vida que evidencian impactos visibles, en especial entre madres cabeza de familia que buscan empoderar sus comunidades y reducir la vulnerabilidad derivada del narcotráfico y de políticas punitivas. “La llegada del Gobierno y de programas como Renhacemos, incluso el PNIS, están transformando vidas y son una gran motivación”, afirmó. En cuanto a la meta para 2026, la responsable afirmó que, si bien la meta para 2025 es de 20.000 hectáreas sustituidas, lo deseable es que el programa de sustitución permanezca financiado en las futuras vigencias para convertirlo en una política de Estado con continuidad. En ese sentido, subrayó: “La articulación entre la política de paz y la política de drogas es fundamental”.
