Programa de empleabilidad y prevención podría beneficiar a más de 70 mil jóvenes
La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto dictaminó a favor de reformar la Ley de Presupuesto 2025 para incorporar al Ministerio de Seguridad Pública y Justicia la cantidad de 785,600 dólares provenientes de un acuerdo financiero con el Gobierno de la República Italiana. Según el dictamen, estos recursos se destinarán al “Programa de Apoyo a Jóvenes en Situación Vulnerable, en Distritos Priorizados del Departamento de San Salvador” y buscan beneficiar a 74,000 jóvenes de comunidades vulnerables mediante el desarrollo de competencias técnicas, habilidades para la empleabilidad, fomento de la participación cívica, iniciativas de emprendimiento y medidas de prevención de factores de exclusión social y violencia.
La reforma forma parte del Programa de Prevención y Rehabilitación de Jóvenes en Riesgo y en Conflicto con la Ley, el cual fue ratificado por la Asamblea Legislativa y financiado con un préstamo de 6,136,079.67 dólares. El monto solicitado será ejecutado por el Ministerio de Seguridad, en coordinación con la Dirección de Integración, para implementar acciones integradoras dirigidas a jóvenes de distitos priorizados del departamento de San Salvador. Durante la sesión, la comisión escuchó a la funcionaria Delia Reyes, subdirectora general de inversión y crédito público, quien explicó que el proyecto contempla cuatro líneas de acción: formación técnica con cursos en oficios como panadería, electricidad, fontanería y elaboración de productos artesanales para jóvenes entre 15 y 30 años; capacitaciones para fomentar la cultura emprendedora; organización de ferias, festivales, eventos deportivos y campañas de salud; y fortalecimiento de servicios de apoyo psicológico mediante la mejora del acceso a atención emocional, entre otros aspectos.
En la misma sesión, la comisión también dictaminó a favor de una reforma a la Ley de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2025 para transferir 113.2 millones de dólares entre instituciones del sector público no financiero, con el objetivo de reforzar partidas ante compromisos prioritarios e impostergables en los últimos meses del año. La distribución, explicada por la subdirectora general del presupuesto, Laura Arce, busca garantizar la continuidad de servicios esenciales y mantener la senda de sostenibilidad económica del país. Entre las asignaciones se destacan: 26 millones de dólares para el Ministerio de Agricultura y Ganadería; 17 millones para el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia; 10 millones para Relaciones Exteriores; 8 millones para la Fiscalía General; 6,5 millones para Economía; 3,86 millones para Cultura; 2,65 millones para Turismo; 2,5 millones para Educación, Ciencia y Tecnología; 2 millones para Obras Públicas y Transporte; 500,000 para Medio Ambiente y Recursos Naturales; 190,000 para la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; y 2 millones para la Procuraduría General de la República. El objetivo de estas reorientaciones es reforzar servicios y proyectos estatales durante el cierre del año fiscal.
