Un año después del cambio de régimen en Siria, persisten abusos de derechos humanos.
El 8 de enero se cumple un año desde la caída del gobierno de Bashar Al Assad en Siria, y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos (OHCHR) informó este viernes que, aunque las autoridades interinas han adoptado medidas para abordar violaciones ocurridas en el pasado, los atropellos persisten.
En una conferencia de prensa en Ginebra, el portavoz de la OHCHR señaló que el gobierno interino ha establecido comisiones nacionales para la justicia transicional y para las personas desaparecidas, así como organismos de investigación sobre la violencia en las zonas costeras y en Suweida. También se ha anunciado un proyecto de ley sobre justicia transicional y se han iniciado juicios contra presuntos autores de violencia en la zona costera.
“No obstante, seguimos recibiendo relatos alarmantes de ejecuciones sumarias, asesinatos arbitrarios y secuestros, principalmente contra miembros de ciertas comunidades y personas acusadas de afiliación al gobierno anterior”, afirmó Thameen Al-Kheethan, portavoz de la OHCHR. Se han registrado cientos de muertes desde la caída del régimen anterior, incluidas víctimas por ataques con armas de fuego, cuchillos y por bombardeos y granadas de mano, añadió.
Al-Kheethan detalló que “estos asesinatos fueron perpetrados por las fuerzas de seguridad de las autoridades provisionales, grupos afiliados a ellas, elementos asociados al gobierno anterior, grupos armados locales e individuos armados no identificados. También hemos documentado muertes a causa de restos explosivos de guerra”. Además, indicó que entre otros abusos figuran violencia sexual, detenciones arbitrarias, saqueos, destrucción de viviendas, desalojos forzosos y confiscación de viviendas, tierras y propiedades, así como restricciones a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
La OHCHR subrayó que la violencia ha afectado con frecuencia a comunidades minoritarias, entre ellas alauitas, drusos, cristianos y beduinos, y señaló que el discurso de odio, tanto en línea como en la calle, ha alimentado esa violencia. También mencionó operaciones militares israelíes, con informes de víctimas civiles y de arrestos y registros domiciliarios, incluida una reciente operación cerca de Damasco.
Sobre la integración de antiguos grupos armados en las nuevas fuerzas de seguridad, Al-Kheethan afirmó que ha sido “precipitada” y sin una investigación adecuada basada en derechos humanos. Afirmó que es urgente una reforma del sector para evitar que responsables de violaciones graves al derecho internacional ingresen a las fuerzas de seguridad. En cuanto a rendición de cuentas, reiteró que todas las violaciones, pasadas y presentes, deben investigarse de forma independiente, exhaustiva y transparente, y que los responsables deben rendir cuentas; subrayó que la rendición de cuentas, la justicia, la paz y la seguridad de los sirios son requisitos para una transición exitosa, y que deben garantizarse los derechos de las víctimas a recursos y reparación.
La OHCHR indicó que apoya los esfuerzos de Siria para garantizar una justicia transicional inclusiva y fortalecer el Estado de derecho. En paralelo, culminó la visita de una delegación del Consejo de Seguridad de la ONU a Siria, la primera en la historia, cuyo objetivo fue generar confianza y reintegrar al país a la escena internacional tras más de trece años de guerra civil y un año de gobierno del grupo que derrocó a Al Assad. Los miembros del Consejo se reunieron con el presidente interino Ahmad al-Sharaa, con integrantes del gabinete y con representantes de comunidades afectadas, y expresaron su apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Siria.
