Haití muestra señales de esperanza pese a la violencia y la incertidumbre política
Las familias huyen de sus hogares en cifras récord, escuelas y centros de salud han cerrado, y las organizaciones humanitarias tienen dificultades para responder a unas necesidades crecientes mientras la financiación cae.
Pese a la crisis, también hay señales de avance. Las autoridades haitianas impulsan planes aplazados para recuperar instituciones democráticas mediante elecciones, mientras las fuerzas de seguridad intentan expulsar a las pandillas de zonas estratégicas y llega nuevo apoyo internacional.
La situación humanitaria se agrava por la violencia, el desplazamiento y las dificultades económicas. Más de la mitad de la población, unos 6,4 millones de personas, necesita ayuda; 1,47 millones han abandonado sus hogares y se prevé que más de 5,8 millones padezcan hambre este año.
El llamamiento humanitario para 2026 muestra un fuerte déficit de financiación. A mediados de junio solo se había recibido el 25% de los 880 millones de dólares solicitados, lo que limita las operaciones para salvar vidas.
Haití no ha tenido un presidente elegido democráticamente desde el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, en julio de 2021, en medio de la inestabilidad y la inseguridad.
Las pandillas siguen controlando barrios y carreteras, lo que dificulta el registro de votantes, el traslado del material electoral y las garantías de seguridad. Aun así, tras aprobarse un presupuesto electoral de 120 millones de dólares, se espera que la primera vuelta se celebre antes de que termine 2026.
La violencia ejercida por pandillas, concentradas sobre todo en Puerto Príncipe, sigue siendo el principal obstáculo para la recuperación. La disputa por el territorio y las extorsiones ha alimentado enfrentamientos cada vez más brutales.
En uno de los episodios más graves, ocurrido a comienzos de este año en Cité Soleil, al menos 542 personas murieron y 355 resultaron heridas. Durante esos enfrentamientos, al menos 176 mujeres y niñas fueron violadas.
Por primera vez en muchos meses, las fuerzas de seguridad han registrado algunos avances, aunque limitados. Unidades policiales especializadas expulsaron a grupos criminales de puntos estratégicos de Puerto Príncipe, reabrieron carreteras y permitieron el regreso de instituciones a algunas zonas del centro.
También empezó a operar la Fuerza de Supresión de Pandillas, una misión internacional de seguridad respaldada por la ONU para ayudar a recuperar el control de áreas dominadas por grupos criminales. En una operación, sus agentes detuvieron a 14 sospechosos e incautaron cientos de cócteles molotov.
Dos unidades judiciales especializadas comenzaron además a investigar crímenes masivos, violencia sexual y delitos financieros de gran magnitud. Pese a ello, las pandillas mantienen capacidad para lanzar ataques, extorsionar a comunidades y alterar la vida cotidiana.
Las violaciones de derechos humanos continúan en todo Haití. Grupos de justicieros han matado a decenas de presuntos colaboradores de las pandillas, y también hay denuncias de ejecuciones sumarias atribuidas a miembros de las fuerzas de seguridad.
La crisis política, de seguridad y humanitaria está estrechamente vinculada. Sin una mejora de la seguridad será difícil celebrar elecciones, y sin instituciones más sólidas será difícil sostener los avances. Tampoco será posible mientras millones sigan enfrentando hambre, desplazamiento y violencia.
