Organización denuncia externalización de fronteras y riesgos asociados
Varias organizaciones no gubernamentales advierten que las propuestas en debate en España podrían debilitar garantías fundamentales vinculadas a la protección de las personas migrantes, como el derecho a solicitar asilo, la protección frente a devoluciones y el acceso a una defensa jurídica efectiva. Las ONG señalan estas preocupaciones en una carta dirigida al Gobierno, publicada coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de las Personas Migrantes, el 18 de diciembre.
En la carta, las ONG destacan la posible consolidación de un modelo de externalización del control migratorio hacia terceros países, cuestionando la validez de ampliar el concepto de “tercer país seguro”. Según las entidades, este marco permitiría rechazar solicitudes de asilo como inadmisibles si se presume que la protección internacional podría haber sido solicitada en otro país, lo que, afirman, contraviene el derecho internacional y podría derivar en devoluciones forzadas a lugares donde las personas no tienen vínculo alguno.
La preocupación se intensifica respecto al impacto en la infancia migrante y en quienes buscan protección internacional, pues la aplicación de estos conceptos podría ir en contra del interés superior de la infancia. También se advierte sobre el incremento del control fronterizo mediante procedimientos de triage para nacionales de terceros países y el uso intensivo de datos biométricos, aspectos que las ONG vinculan con un incremento de la criminalización y de conductas discriminatorias institucionales.
Las organizaciones cuestionan, además, la llamada “solidaridad flexible”, esquema que permite financiar proyectos en terceros países para el control migratorio en lugar de facilitar la reubicación de personas que requieren protección en la Unión Europea. En su lectura, dicho mecanismo no sustituye un sistema de solidaridad y acoge de forma equitativa a las solicitantes de protección internacional en la UE, por lo que piden garantizar una distribución justa de la responsabilidad.
Con respecto a la normativa europea, las ONG destacan la negativa del Gobierno español a avanzar en el Reglamento de Retorno, debatido a principios de diciembre, que propone acelerar y simplificar los procedimientos de retorno de personas en situación irregular dentro de los Estados miembros y facilitar la creación de centros de deportación en terceros países.
Entre las inquietudes se cuenta también la información publicada recientemente sobre la participación de la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP) en la construcción de dos “centros temporales de recepción para extranjeros” en Mauritania, donde, según las ONG, podrían privarse de libertad menores de edad, incluidos lactantes. A ello se suman críticas por el aumento de recursos destinados a la transferencia de inteligencia, equipamiento policial y vigilancia fronteriza hacia países africanos para el control migratorio.
Las organizaciones exigen mayor transparencia y la participación real de la sociedad civil en la toma de decisiones, recordando que el marco debe respetar la normativa europea, la Constitución y estándares internacionales de derechos humanos. Reclaman, asimismo, que exista un mecanismo de supervisión independiente con participación regular y efectiva de las entidades no gubernamentales para garantizar el respeto a los derechos fundamentales en la gestión fronteriza.
En conjunto, las ONG sostienen que, sin vías legales y seguras, sin compromisos serios de reasentamiento y con un sistema de acogida robusto, el Plan de Evacuación y Acompañamiento de Migrantes (PEMA) podría quedar truncado desde una perspectiva humanitaria, según lo expresado en la carta.
