Publicada el: 17 de enero de 2026 :: 6:42 am

Arancel cero para celulares importados entra en vigor

Arancel cero para celulares importados entra en vigor

Desde este jueves, los teléfonos celulares y smartphones que ingresan al país quedan exentos de aranceles a la importación. La medida, que forma parte del Decreto 333/2025 de mayo del año pasado, modifyó el esquema arancelario del Mercosur y abre la puerta a una reducción significativa en el costo de productos tecnológicos importados. Según el decreto, la carga arancelaria para estos dispositivos se redujo de forma progresiva y, a partir del 15 de enero de 2026, quedará eliminada por completo.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que la medida es pro empleo, pro crecimiento y progresiva. Según la autoridad, la apertura busca mejorar la oferta y el acceso a bienes de informática y telecomunicaciones, con la expectativa de que una mayor variedad de modelos y una mayor competencia en el mercado local reduzcan los precios finales para los consumidores.

La medida podría contribuir a acortar la brecha de precios con países vecinos y facilitar el recambio de dispositivos y el acceso a tecnología más avanzada, lo que se enmarca como un factor para la inclusión digital, el trabajo remoto y el uso de servicios digitales. Además, el decreto prevé incentivos a la producción nacional, especialmente en Tierra del Fuego, al reducir o eliminar impuestos internos para determinados bienes fabricados bajo el régimen especial de la Ley 19.640, según lo informado por la autoridad competente. En este contexto, se señalan también posibles efectos en la oferta y en la industria, aunque aún se desconocen criterios de elegibilidad, costos y plazos finales para ciertos productos y sectores. Se recomienda a los consumidores revisar fuentes oficiales para confirmar detalles operativos y fechas exactas. El ministerio no ha publicado aún un cronograma detallado de implementación para todos los modelos disponibles. Los próximos pasos podrían implicar ajustes fiscales y monitoreo de precios por parte de los reguladores, con miras a evaluar el impacto en el mercado y la inclusión digital.