Ministerio del Interior declara estado de emergencia en Pisco para fortalecer lucha contra la delincuencia
El Gobierno declaró estado de emergencia por sesenta días en la provincia de Pisco, región Ica, tras la visita de trabajo del presidente José Jerí, mediante el Decreto Supremo N° 004-2026-PCM, publicado hoy en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
Según el decreto, durante el periodo de vigencia la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas y determinará las zonas de intervención. También se dispuso la restricción o suspensión de derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales.
Para la realización de actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se deberá solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación; las actividades que no tengan carácter masivo podrán realizarse sin permiso previo.
En tanto dure el estado de emergencia, se declaró en sesión permanente al Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) de Ica y al Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec) de Pisco. Asimismo, se dispuso la formación del Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), así como los Comités de Coordinación Distrital (CCD), el Comité de Inteligencia (CI), el Comité de Fiscalización (CF) y el Comité de Comunicación Estratégica (CCE), con integrantes cuya participación es indelegable.
El comando y los comités establecerán un centro de coordinación permanente que funcione las 24 horas del día, los 7 días de la semana, integrando recursos humanos y tecnológicos necesarios. Las fuerzas integradas, formadas por la Policía Nacional con apoyo de las Fuerzas Armadas y el Serenazgo Municipal, ejecutarán el control territorial en zonas críticas determinadas con base en el mapa del delito, información de inteligencia, registros estadísticos y otros instrumentos técnicos. Además, habrá patrullaje disuasivo motorizado, operativos de control de identidad y búsqueda y captura de requisitoriados mediante el control de identidad, entre otras medidas.
El decreto supremo lleva la rúbrica del presidente José Jerí; del jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez; y de los ministros de Defensa, César Díaz Peche; de Economía y Finanzas, Denisse Miralles; del Interior, Vicente Tiburcio; y de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez.
