Gobierno promulga normas para combatir la inseguridad ciudadana
El Gobierno publicó hoy en el Diario Oficial El Peruano una serie de decretos legislativos orientados a fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana, en el marco de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso de la República. Las medidas buscan mejorar la prevención, la respuesta penal y la gestión penitenciaria ante conductas delictivas y situaciones de emergencia, según la autoridad correspondiente.
Según el Decreto Legislativo Nº 1731, se modifica el Código Penal e incorpora el artículo 200-A para tipificar el delito de exigencia o requerimiento extorsivo como una conducta previa autónoma dentro del proceso extorsivo. La norma, que según sus textos pretende facilitar la intervención penal temprana y proteger a personas, familias, empresas, funcionarios y servidores públicos frente a amenazas, se aplica con el objetivo de prevenir y sancionar de forma más eficaz la extorsión.
El Decreto Legislativo Nº 1735 crea el Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus delitos conexos. Esta medida, que según el texto busca optimizar la investigación, el procesamiento y las penas penales, pretende promover la celeridad y la efectividad de las actuaciones de los operadores de justicia, fortalecer capacidades y garantizar el respeto de derechos y garantías de las partes procesales, así como la protección de las víctimas. Su aplicación es obligatoria para operadores de justicia, personal administrativo, técnico y de asistencia a víctimas y testigos del sistema penal.
Con el Decreto Legislativo Nº 1733 se incorpora el artículo 280-A al Código Penal (aprobado por el Decreto Legislativo Nº 635) y la Cuarta Disposición Complementaria Final al Decreto Legislativo Nº 1688. Este dispositivo tiene como finalidad fortalecer la seguridad pública y penitenciaria mediante la tipificación del delito de suministro ilegal de servicios de telecomunicaciones en establecimientos penitenciarios y centros juveniles, además de optimizar los mecanismos de supervisión de las antenas ilegales instaladas en el ámbito de dichos establecimientos.
El Decreto Legislativo Nº 1734 añade el artículo 26-A a la Ley Nº 31061, Ley de Movilización para la Defensa Nacional y el Orden Interno, para establecer la reserva de información y documentos relativos a operaciones de persecución del delito efectuadas durante los estados de emergencia.
Por su parte, el Decreto Legislativo Nº 1736 modifica el Decreto Legislativo Nº 1343, que regula la promoción e implementación de cárceles productivas, para incorporar el Capítulo VIII, que regula el trabajo asistido externo. Este régimen se aplica a sentenciados por delitos de menor lesividad bajo el régimen semiabierto, con criterios de acceso, permanencia y supervisión orientados a facilitar la reinserción laboral y la adquisición de competencias acordes con el mercado de trabajo.
El Decreto Legislativo Nº 1737 fortalece el Régimen Cerrado Especial al incorporar una etapa de “Extrema Seguridad”, establecer criterios de permanencia y progresión y añadir un sistema de clasificación automática para personas privadas de libertad procesadas o sentenciadas por delitos de alta lesividad. También restringe la aplicación de ciertos beneficios penitenciarios de libertad anticipada y condiciona el egreso por redención de pena al cumplimiento de requisitos de supervisión judicial, entre otros cambios, y establece que la vestimenta de los internos sea proporcionada por la administración penitenciaria, salvo excepciones.
