Cuba enfrenta crisis energética que podría afectar servicios esenciales en todo el país
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresó este jueves su preocupación por el deterioro de la crisis socioeconómica en Cuba y su impacto en los derechos fundamentales de los ciudadanos, según informó la portavoz Marta Hurtado desde Ginebra.
La ACNUDH señaló que la escasez de combustible está poniendo en riesgo servicios esenciales en todo el país, y mencionó que la situación es resultado de varios factores que se han alargado en el tiempo, entre ellos el embargo financiero y comercial de larga data, fenómenos meteorológicos extremos y restricciones recientes de Estados Unidos sobre los envíos de petróleo a la isla. Estos factores, afirmó la organización, afectan a sectores como la salud, el abastecimiento de agua y la alimentación.
En particular, Hurtado subrayó que los hospitales enfrentan serias limitaciones operativas. Según la portavoz, las unidades de cuidados intensivos y los servicios de urgencias están comprometidos, al igual que la producción y conservación de vacunas, hemoderivados y medicamentos que requieren refrigeración constante. La ACNUDH agregó que la dependencia de combustibles importados agrava la fragilidad del sistema sanitario.
La organización también señaló que los apagones están dificultando el suministro de agua, ya que más del 80% de los equipos de bombeo dependen de electricidad, y advirtió que el acceso a agua potable es restringido, lo que afecta las condiciones de saneamiento e higiene.
Con respecto a los groups más vulnerables, la ACNUDH indicó que la escasez de combustible está alterando el sistema de racionamiento y la distribución de la canasta básica regulada. Según la nota oficial, los beneficiarios de programas sociales como la alimentación escolar, centros de atención para embarazadas y residencias de ancianos son los más afectados por el desabastecimiento.
La oficina recordó que el acceso a bienes y servicios esenciales —alimentos, agua, medicamentos, combustible y electricidad— es fundamental para garantizar el derecho a la vida y otros derechos humanos básicos. También alertó de que las sanciones prolongadas generan dificultades económicas que debilitan la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones de protección y asistencia, aumentando el riesgo de tensiones sociales.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, reiteró su llamado a los Estados para que revisen y levanten las medidas unilaterales que afectan de forma amplia e indiscriminada a la población, señalando que “los objetivos políticos no pueden justificar acciones que vulneren los derechos humanos”.
