Expertos advierten que la política de Estados Unidos de enviar migrantes a terceros países los expone a tortura y graves abusos
El mecanismo de externalización migratoria se ha extendido a más de 35 países y territorios. Según los expertos, algunos carecen de sistemas de asilo, infraestructura de acogida o servicios suficientes para proteger a las personas que reciben.
“Los daños causados por este esquema ya no son hipotéticos”, afirmaron. También señalaron riesgos de tortura y malos tratos, desapariciones forzadas y violaciones del principio de no devolución.
Ese principio prohíbe enviar a una persona a un país donde pueda enfrentar persecución, tortura u otros daños graves.
Según los expertos, Estados Unidos ha enviado al menos a 23.000 nacionales de terceros países a 29 países y territorios mediante acuerdos que afectan tanto a solicitantes de asilo como a migrantes en distintas etapas de sus procesos.
También cuestionaron la falta de transparencia de esos arreglos, que, indicaron, quedan en gran medida fuera de la supervisión pública y del monitoreo independiente de derechos humanos.
Entre los riesgos documentados mencionaron detención arbitraria o incomunicada, falta de asistencia jurídica y debido proceso, separación de familias, trata de personas, discriminación y falta de acceso a vivienda, atención sanitaria y otros servicios básicos.
Los expertos expresaron especial preocupación por niños y niñas, mujeres, personas con discapacidad, víctimas de trata, personas LGBT, defensores de derechos humanos y personas apátridas, entre otros grupos en situación de vulnerabilidad.
En algunos casos, señalaron, los migrantes son enviados a países con los que no tienen vínculo y donde pueden volver a quedar expuestos a violencia o discriminación.
La preocupación no termina necesariamente en el primer traslado. Algunos acuerdos permiten que el país receptor mantenga a las personas solo temporalmente y después las expulse a otro Estado.
Eso, según los expertos, puede generar una cadena de devoluciones que termine llevando a una persona de regreso al país del que huyó, incluso cuando allí pueda correr peligro.
También advirtieron que un retorno no puede considerarse voluntario cuando una persona carece de estatus legal, medios de subsistencia, asesoramiento jurídico independiente o una alternativa real a regresar.
“Los Estados no pueden desentenderse contractualmente de sus obligaciones jurídicas internacionales”, señalaron.
Añadieron que tanto el país que realiza el traslado como el que recibe al migrante mantienen sus responsabilidades conforme al derecho internacional. Un Estado que ayude a otro a vulnerar el principio de no devolución u otras obligaciones de derechos humanos también podría incurrir en responsabilidad internacional.
Los expertos pidieron a los Estados y territorios involucrados suspender estos acuerdos, garantizar procedimientos de asilo justos y eficaces y establecer mecanismos de supervisión independiente y rendición de cuentas.
También se refirieron al papel de la Organización Internacional para las Migraciones y consideraron fundamental su asistencia a refugiados y migrantes. Sin embargo, advirtieron que esa participación debe ir acompañada de una estricta diligencia debida en materia de derechos humanos.
“Los derechos humanos deben situarse en el centro de la gobernanza migratoria y no ser sacrificados en aras de la disuasión”, afirmaron.
Los expertos señalaron que han contactado a Estados Unidos y a los 35 países y territorios involucrados, así como a ACNUR y a la OIM.
