Expertos señalan que la amnistía en Venezuela debería excluir a acusados de crímenes de lesa humanidad
Expertos independientes de derechos humanos de las Naciones Unidas advirtieron que la futura ley de amnistía en Venezuela debe aplicarse solo a las víctimas de enjuiciamiento ilegal y excluir expresamente a los acusados de violaciones graves de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, según un pronunciamiento difundido el 6 de febrero de 2026.
“El alcance de la ley debe limitarse a las víctimas de violaciones de los derechos humanos y excluir expresamente a los acusados de violaciones graves de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, incluidos los actores estatales, paramilitares y no estatales”, indicaron los relatores en un comunicado difundido por las Naciones Unidas.
Los expertos señalaron que el proyecto de ley de amnistía, reconciliación y reunificación nacional, presentado ante la Asamblea Nacional de Venezuela y hecho público el 6 de febrero de 2026, podría ser “crucial para las víctimas y sus familias, y para la sociedad venezolana en su conjunto”. No obstante, advirtieron que a quienes se vieron obligados a exiliarse por persecución no se les debería exigir regresar hasta que se determine claramente la aplicabilidad de la amnistía a sus casos.
Para que la iniciativa sea efectiva, los relators pidieron que el proyecto reconozca “explícitamente a todas las personas que fueron detenidas o procesadas arbitrariamente por ejercer sus derechos a la libertad de expresión, opinión, reunión, asociación e información, incluidos los defensores de los derechos humanos”.
Asimismo, los expertos subrayaron que las víctimas y la sociedad civil deben poder “ejercer la supervisión efectiva del proceso de amnistía para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales y evitar cualquier instrumentalización o aplicación indebida de la ley”.
El comunicado enfatizó que la ley debe integrarse en un proceso integral de justicia transicional que incluya “la búsqueda de la verdad, la rendición de cuentas y la reparación por las graves violaciones de los derechos humanos sufridas durante décadas”. Además, el proceso debe contemplar reformas institucionales y jurídicas para desmantelar el aparato que permitió esas violaciones y para impedir que se repitan.
Finalmente, los expertos solicitaron la “liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente en Venezuela”, incluidos defensores de derechos humanos, así como la revelación de la suerte y el paradero de todas las personas desaparecidas. Los relatores indicaron que han estado en contacto con el Gobierno venezolano.
