Según la Misión de Investigación, la represión en Venezuela continúa bajo el nuevo gobierno
Una actualización de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela señaló este jueves ante el Consejo de Derechos Humanos que la “maquinaria legal e institucional” del Estado venezolano “permanece intacta” pese a la detención del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero. La misión aclaró que no ha habido una reforma en derechos humanos mientras ese aparato represivo no sea desmantelado, según lo expresado por la experta María Eloísa Quintero.
Desde enero, los investigadores han recibido informes de al menos 87 detenciones con motivación política, lo que indica que la práctica de silenciar la disidencia continúa bajo el Gobierno actual. Aunque desde septiembre de 2025 se han registrado algunos acontecimientos de relevancia y ciertas medidas positivas, la Misión afirma que las estructuras estatales que facilitaron durante años la persecución política no han sido desmontadas ni se han anunciado políticas públicas para hacerlo.
Según los investigadores, altos funcionarios señalados previamente por la Misión como responsables de crímenes de lesa humanidad siguen ocupando posiciones de poder en el Ejecutivo y en las fuerzas de seguridad. “No hay indicios de que las autoridades actuales tengan la intención de llevar a estas personas ante la justicia”, comentó el experto Alex Neve.
La Misión reiteró que la operación militar de Estados Unidos del 3 de enero violó el derecho internacional, aunque existen motivos razonables para creer que Maduro podría ser responsable de crímenes de lesa humanidad. “Todas las personas responsables deben rendir cuentas mediante procesos judiciales con las garantías del debido proceso”, indicó el informe.
Entre septiembre y diciembre de 2025, la Misión documentó un periodo de “intensa represión” que incluyó 135 detenciones arbitrarias y un patrón de tortura y malos tratos en prisiones, centros de detención y “casas seguras”. También expresaron preocupación por la falta de transparencia en las liberaciones de detenidos por motivos políticos, y pidieron a las autoridades proporcionar información detallada sobre número e identidad de las personas detenidas y liberadas.
La experta María Eloísa Quintero mencionó que, si bien hubo excarcelaciones recientes, la falta de transparencia en ese proceso es un tema de preocupación. Además, exigió la liberación inmediata de todas las personas detenidas por motivos políticos, incluidas decenas de extranjeros y con doble nacionalidad. Atribuyó estas medidas a la necesidad de que las autoridades garanticen verdad, rendición de cuentas y reparación, y señaló que parte de las liberaciones se han facilitado por una ley de amnistía aprobada el 20 de febrero, la cual, según la Misión, fue adoptada sin consulta pública inclusiva y con graves limitaciones de alcance para beneficiar a un grupo amplio de detenidos.
Los investigadores señalaron también inquietudes respecto a la movilización de colectivos armados y al hostigamiento de figuras de la oposición y periodistas. En su balance, la Misión llamó a que la comunidad internacional mantenga la atención sobre Venezuela para favorecer una reforma institucional real y el fin de la cultura del miedo. Neve subrayó que la Misión es un órgano independiente, técnico y apolítico, y afirmó que una señal clave sería la cooperación plena de las autoridades venezolanas y el acceso sin restricciones al país.
La Misión fue creada en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos para investigar presuntas violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela desde 2014, y su mandato fue prorrogado hasta septiembre de 2026.
